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Miles de funcionarios de Justicia de toda España han recorrido este sábado el centro de Madrid para reclamar su equiparación salarial con trabajadores homónimos de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, y han anunciado que seguirán movilizándose hasta que se cumpla el acuerdo que se cerró en septiembre.

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ han recorrido desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda, pasando por la Gran Vía y la Puerta del Sol, con pancartas y cánticos en los que reclamaban a las ministras de Justicia, Pilar Llop, y de Hacienda, María Jesús Montero, que cumplan el acuerdo que firmaron los sindicatos con Justicia el pasado 14 de septiembre.

Los organizadores han cifrado la asistencia en unas 3.000 personas y la Delegación del Gobierno en unas 2.000.

"El acuerdo, que afecta a 15.000 personas, contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros del complemento específico, para homologar salarios con las comunidades autónomas"

El acuerdo, firmado tras meses de negociaciones, recogía, entre otras cuestiones, una subida salarial de entre 80 y 195 euros a los cerca de 15.000 funcionarios de Justicia de las autonomías que no tienen transferidas las competencias en esta materia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura Ceuta y Melilla) y de los servicios centrales.

Los representantes sindicales han denunciado que recientemente se les ha comunicado que no se aplicaría porque según Hacienda el Ministerio de Justicia no tenía potestad para cerrar ese acuerdo, por lo que han decidido salir a la calle hasta que se materialice lo pactado, llegando incluso a "la paralización en la Administración de Justicia hasta que se repongan los derechos de los trabajadores", en palabras del representante de Comisiones Obreras Luis Calero.

Calero ha subrayado que, tras 13 años de enfrentamiento con el Ministerio y meses de negociación se llegó a un acuerdo pero "ahora el Ministerio de Hacienda culpa al de Justicia diciendo que no tenía autorización para pagar esas cantidades, aunque Justicia dice que si... y al final pagan los trabajadores, con una oferta muy a la baja".

Ha destacado que actualmente un funcionario de las comunidades que no tienen transferida la competencia en Justicia o de los servicios centrales cobra una media de 250 euros menos al mes, que llegan a ser 600 en el caso del País Vasco o de 350 en Madrid.

"Si el Gobierno no rectifica vamos a continuar, no nos va a temblar el pulso para convocar lo necesario, sin descartar acciones de huelga o paros parciales o totales, y la paralización si es necesario en la Administración de Justicia en el ámbito no transferido hasta que se repongan los derechos de los trabajadores", ha asegurado Calero.