El desempleo juvenil en España supera el 30%, el más alto de la OCDE

España es el único país europeo con un desempleo superior al 30% entre los menores de 24 años. Son los últimos datos de la OCDE. Los expertos señala la baja penetración de la Formación Profesional, como una de sus causas y apuestan por ella para frenar esta tendencia.

El 40,3 % de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. Ante eso, España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12 % de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25 % de media de la OCDE).

Si nos fijamos por nivel de estudios, el 34% de los jóvenes que abandonaron la Educación Secundaria no tiene empleo. En los graduados en ESO, el porcentaje de paro se sitúa en el 27,8%; de 22,2% en el caso de graduados en Bachiller y del 12 (12,6%) al 16% en los titulados en Ciclos Formativos.

De hecho, la situación de desempleo entre los más jóvenes ha hecho que muchos hayan tenido que volver a casa de sus padres después de haberse independizado. Fueron más de 230.000 menores de 26 años en 2020.

Esta semana, la Ley Orgánica de Formación Profesional deberá obtener el próximo jueves mayoría absoluta en el Pleno del Congreso para poder seguir con su tramitación en el Senado. La principal novedad de la iniciativa del Gobierno es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas -roza hoy el 4 % en España frente al 60 % de Alemania-.

Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que "permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada".

Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6 % entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión Europea junto a Italia, según la estadística publicada por la OCDE el pasado día 10.

La ley quiere además actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.