El gobierno vasco asume la política penitenciaria con críticas de las víctimas al acercamiento de etarras
Desde este viernes, el gobierno vasco ha asumido el control de la política penitenciaria en el País Vasco. Justo antes de la trasferencia, el gobierno de Sánchez acercó a otros 9 presos etarras. En lo que va de legislatura a 247. Para la AVT estas medidas del Gobierno se enmarcan -dicen- en un intercambio de presos por apoyo a los presupuestos. Entre los nueve terroristas trasladados está Igor Portu, que quedará ingresado en la cárcel de Pamplona. Miembro del comando que perpetró el atentado de la T-4 de Barajas, en el que murieron dos personas, fue condenado a 40 años de cárcel.
A José Antonio Borde, que irá a la prisión de Bilbao, se le atribuyen una veintena de asesinatos, aunque solo ha sido condenado por tres. Fue condenado a 30 años.
Alaitz Aramendi pasa de la cárcel de Ávila a la de Álava. En 2017 fue condenada a 40 años por su participación en un atentado con coche-bomba en el madrileño de San Blas que provocó medio centenar de heridos.
Joanes Larretxea, uno de los autores del asesinato del empresario Ignacio Uria, será trasladado de la cárcel de Villabona a la de Martutene, en San Sebastián. Cumple 40 años.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) critica los traslados y no se fía del traspaso de las competencias de prisiones al Gobierno vasco que se ha hecho efectivo este 1 de octubre. En total, son ya 73 presos etarras acercados a cárceles de Euskadi y otros 16 a las de Navarra.
"Una vez cuenten con estas competencias, se va a fomentar el régimen abierto de los presos, por lo que estos tendrán más fácil obtener los terceros grados", ha lamentado la AVT.
Para Dignidad y Justicia, asociación que preside Daniel Portero, cada vez que se acerca a un preso de ETA lo que se está haciendo es "asesinar a Miguel Angel Blanco", ya que el Gobierno del PP no cedió al chantaje de la banda terrorista, que pedía cuando estaba activa acercar a los presos etarras.
El colectivo denuncia que el ejecutivo de Sánchez "se lave las manos" a sabiendas de que los presos trasladados al País Vasco serán progresados al tercer grado por decisión del Gobierno vasco, facilitando pasar al régimen abierto.
El PP ha censurado el cambio de manos de la competencia de prisiones. El presidente del PP vasco ha afirmado que van a convertir las prisiones vascas en resorts de lujo para los etarras.
Desde Interior recuerdan que la legislación penitenciaria seguirá correspondiendo al Gobierno. El ministro Grande-Marlaska, pide a los populares que recuerden que las víctimas son de todos.
Al acercamiento de los presos une a la polémica abierta por los continuos homenajes que se dedican en el País Vasco a los etarras que salen de prisión.
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