Anabel Segura, un secuestro que mantuvo en vilo España

Se cumplen 25 años del crimen de Anabel Segura, uno de los pocos secuestros extorsivos perpetrados en nuestro país y una actuación chapuza de unos delincuentes sin experiencia. Unos captores nada profesionales a los que les vino grande lo que habían hecho, hasta el punto de que su acción devino en tragedia.

El secuestro el 12 de abril de 1993 de la joven de 19 años mantuvo en vilo a los españoles, confiados en que la joven, raptada cuando hacía deporte, seguía con vida. Pero sus captores la habían asesinado pocas horas después de su captura.

La urbanización Intergolf de La Moraleja, en Alcobendas, donde residía Anabel, fue el lugar donde tuvo lugar el secuestro por unos "aficionados" que no planificaron su acción lo suficiente y enseguida acabaron con la vida de su rehén, porque no supieron qué hacer con ella y quisieron eliminar cualquier pista, como recuerdan a Efe investigadores especializados en este tipo de delitos.

Así, lo que se presumió como el secuestro más largo perpetrado por delincuentes comunes en España no duró nada más que unas horas. La misma noche del día en que fue secuestrada, Anabel murió.

Felisa García; el marido de ésta, Emilio Muñoz; y Cándido Ortiz fueron los autores del secuestro, algo "atípico" en España hasta ese momento y cometido por personas a los que "se les fue la mano" y que al final fueron descubiertos tras una investigación "impecable", añaden los expertos.

Porque, cuando lo hicieron, ya sabían que no tenían capacidad alguna para mantener viva a su rehén, ya que para llevar a buen término algo así se necesita una planificación e infraestructura de la que carecían los autores, uno de ellos (Emilio Muñoz) en libertad por la derogación de la doctrina Parot y el otro, fallecido mientras cumplía condena (Cándido Ortiz).

El secuestro movilizó a la sociedad española de una forma hasta entonces poco habitual. De norte a sur y de este a oeste, las plataformas ciudadanas se extendieron por todo el país para pedir la liberación de Anabel. Un lazo amarillo simbolizó el movimiento.

150 millones de pesetas fue la cantidad que los secuestradores llegaron a pedir por el rescate de la joven, a la que, según confesaron cuando fueron detenidos, capturaron con fines exclusivamente sexuales, pero, una vez que se percataron del poder económico de su familia, le dieron la vuelta al móvil y decidieron chantajear a los padres de Anabel.

Hoy nadie se cree esa versión. Los expertos consultados no dudan en afirmar que, si el móvil hubiera sido sexual, cualquier barrio les hubiera valido. Pero la elección de La Moraleja, justo una de las zonas con residentes de mayor nivel adquisitivo al norte de Madrid, no dejan lugar a dudas del interés económico de los autores. "No se va a La Moraleja a dar vueltas", resume a Efe un veterano investigador.

La familia acudió dos veces al punto de encuentro convenido con los secuestradores para pagar el rescate exigido, pero los delincuentes no aparecieron.

¿Por qué? Pues su inexperiencia les hizo temer que, si acudían, iban a ser arrestados. Dos meses después de la desaparición de la joven, los secuestradores enviaron a la familia una cinta magnetofónica en la que se podía oír la voz de Anabel. La chica aseguraba encontrarse bien y clamaba por que la sacaran de allí. Después se demostró que no era ella.

La Policía Nacional, con ayuda de criminalistas alemanes, resolvió el caso después de conseguir centrar en la provincia de Toledo las voces de unos niños que se oían de fondo en la cinta en la que una voz exigía el pago del rescate. El acento y la palabra "bolo" que podía escucharse fueron determinantes.

Habían pasado dos años y cinco meses desde el secuestro. El 28 de septiembre de 1995 la Policía detuvo en la localidad toledana de Escalona a Felisa García; en Pantoja a su marido y en Madrid al otro sospechoso.

Ante los agentes, los tres se derrumbaron y confesaron su crimen, así como el lugar donde habían escondido el cadáver: una fábrica de ladrillos abandonada en Numancia de la Sagra, también en Toledo.

Fueron condenados por la Audiencia Provincial de Toledo y después por el Tribunal Supremo, que les elevó las penas a 43 años y seis meses de cárcel a los dos hombres y a dos años y cuatro meses a la mujer.