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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que la obligatoriedad de las mascarillas en centros de salud y hospitales, que entra en vigor este miércoles 10 de enero, podrá pasar a ser "recomendación" en aquellas comunidades que presenten datos de descenso en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas.

"El Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender", ha apuntado García. "Nos vamos a ir adaptando a la situación epidemiológica general", ha añadido.

La ministra ha señalado que Sanidad ha recogido propuestas y que, a través de una declaración de actuaciones coordinadas, "va a emitir una orden comunicada a las comunidades autónomas estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios".

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El objetivo prioritario, según Sanidad, es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, "a la par que reconoce también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos".

Sanidad ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tuvo lugar este pasado lunes, en el marco del incremento de casos de infecciones por virus respiratorios.

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Así, la orden abarca únicamente hospitales y centros de salud, no centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el Consejo Interterritorial.

Se trata de una orden notificada que no tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que entra en vigor desde este mismo miércoles.

Esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública.

Si bien hubo comunidades que establecieron el uso obligatorio en estos lugares antes incluso del CISNS, como Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, otras expresaron su rechazo y optaron por la recomendación, como Madrid y Galicia, entre otras.