El juez Pedraz considera ahora excesivo el bloqueo de Telegram y retira la orden de suspensión

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería Telegram. El magistrado dictó un auto este lunes en el que deja sin efecto la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram acordada el pasado viernes porque sería una medida “excesiva y no proporcional”.

En su escrito, el magistrado explica que se ha constatado un hecho notorio que el instructor no puede ignorar y que es la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión y con ello debe plantearse si la medida resulta o no proporcional.

El juez añade que por este motivo se solicitó un informe a la Comisaría General de Información sobre la naturaleza de Telegram así como la incidencia de la medida cautelar de suspensión sobre los usuarios de esta plataforma.

Según Pedraz, pese a que es sabido que dicha plataforma se utiliza también para actividades delictivas, “son más que múltiples usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) los que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos ‘beneficios’ que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una ‘amparada privacidad’”.

Señala el auto que los servicios de Telegram se prestan con la condición de que se “acepte que no se lleven a cabo las garantías necesarias para la protección de derechos de terceros con el intercambio de datos personales entre los usuarios de la aplicación. En definitiva, cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad”.

Por todo ello, el magistrado de la Audiencia Nacional concluye en su auto que si se acordara la suspensión supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que utilizan esta aplicación de mensajería.

Además, el juez se basa en el informe policial aportado para indicar también el impacto económico que tendría la suspensión cautelar para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas.

En definitiva, el juez concluye que no se trata de libertad de expresión o información, “sino de si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional”.