El Gobierno obligará por ley a identificar en España los contenidos generados con inteligencia artificial y establecerá un régimen sancionador para su mal uso con multas de hasta los 35 millones de euros o el 7% de la facturación de la empresa infractora.
Así lo recoge el anteproyecto de la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El objetivo es garantizar un uso ético y transparente de esta tecnología y ayudar a los usuarios a diferenciar entre contenidos reales y generados artificialmente.
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, destacó que la IA puede impulsar el crecimiento económico, la investigación médica y el desarrollo de fármacos.
Sin embargo, también advirtió sobre sus riesgos, como la difusión de bulos, la incitación al odio y el ataque a la democracia.
Por otro lado, según un informe presentado junto a la ley, el PIB de España podría aumentar hasta un 8% en los próximos diez años si se implementa correctamente esta tecnología.
PROHIBICIONES CLAVE
El anteproyecto prohíbe prácticas como:
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Técnicas subliminales: imágenes o sonidos imperceptibles que manipulen decisiones sin consentimiento.
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Manipulación de vulnerables: explotar la edad, discapacidad o situación económica para influir en el comportamiento de las personas.
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Clasificación biométrica: categorización por raza, ideología o religión.
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Puntuación social: evaluar a personas según comportamiento o características personales para conceder ayudas o préstamos.
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Predicción delictiva: valorar el riesgo de cometer delitos en función de datos personales.
Las sanciones oscilarán entre 7,5 y 35 millones de euros o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio de la empresa infractora.
DEEPFAKES Y SISTEMAS DE ALTO RIESGO
La nueva norma sancionará asimismo la falta de etiquetado en contenidos generados o manipulados con IA, como los deepfakes, que muestran personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
El control de estos sistemas estará en manos de diferentes organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
