Un total de 3.383 ancianos han fallecido en el conjunto de las residencias de toda la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus hasta ayer jueves, según datos oficiales. De ellos, 627 fallecieron en hospitales y el resto en las residencias.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo ayer que habían fallecido alrededor de 3.000, aunque precisó que es "muy difícil" saber si se deben directamente a la pandemia.
Hasta el inicio de la crisis vivían en los 465 geriátricos madrileños de toda titularidad unos 52.000 ancianos, por lo que habrían muerto estas últimas semanas el 6,5 por ciento del total.
El último dato oficial conocido sobre el total de defunciones por todos los motivos de internos en residencias fue el facilitado la semana pasada por la Consejería de Políticas Sociales, que señalaba que hasta el día 25 de marzo incluido habían muerto 1.065 residentes.
Al día siguiente ya había alrededor de 1.150, pero los decesos se han multiplicado en los últimos días, coincidiendo con el pico de contagios por Covid-19. Así, el 28 de marzo se contabilizaban 1.841 fallecidos y el día 31 un total de 3.055.
En los últimos siete días han muerto más de 2.200 usuarios de residencias madrileñas por diversos motivos cuando, en todo el mes de marzo del año pasado, fallecieron alrededor de un millar de ancianos en los geriátricos de la región.
La Comunidad de Madrid, con el mando único de la Consejería de Sanidad, activó un plan de choque para afrontar el impacto del coronavirus en estos centros, incluido el despliegue de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal de Protección Civil, con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Dichas medidas contemplan el traslado de ancianos no infectados y el reagrupamiento de personas enfermas.
La Comunidad decidió igualmente intervenir otro grupo de residencias cuya situación consideran "crítica": Santa Teresa de Jornet (Madrid), La Purísima Concepción (Madrid), Geriatel Rivas (Rivas), Orpea Santo Domingo (Algete), y la Residencia de Usera (Madrid), cuya situación consideran como "crítica".
Estos centros se suman a los ocho ya asumidos hace unos días por la Consejería de Políticas Sociales.
