Una treintena de asociaciones de comerciantes, hosteleros, transportistas y empresarios del ocio y el hospedaje se han agrupado en una plataforma de afectados para pedir la paralización del área Madrid Central, que desde el 23 de noviembre impedirá el tráfico privado de los no residentes en el centro a excepción de vehículos Eco y Cero Emisiones.
Peligran 300.000 puestos de trabajo
La Plataforma de Afectados por Madrid Central asegura en un comunicado que con las actuales condiciones de este área restringida peligran 300.000 puestos de trabajo en el centro de la capital, entre empleados en este distrito y transportistas que abastecen a comercios y restaurantes.
Por ello, piden un nuevo calendario para la implantación "progresiva" de Madrid Central, que según los planes del Gobierno de Manuela Carmena arrancará en fase de pruebas el próximo 23 de noviembre.Estas organizaciones harán público un manifiesto el próximo 10 de octubre al que se han adherido entre otros Madrid Foro Empresarial, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña), la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, la Federación Española de Hostelería, La Noche en Vivo o la Plataforma del Ocio.
MALASAÑA, LAVAPIÉS, BARRIO DE LAS LETRAS Y ÓPERA
También destaca la presencia de comerciantes (Triball) y hosteleros de Malasaña, una zona que hasta ahora no contaba con restricciones al tráfico -como sí ocurre en Lavapiés, el barrio de Las Letras u Ópera- y que se blinda por primera vez a los no residentes.
Un portavoz de la plataforma, Paco Carmona, al frente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, explica a Efe que la nueva agrupación comparte la necesidad de medidas para reducir las emisiones contaminantes, pero rechazan que Madrid Central se implante "sin suficiente comunicación" y sin medir su "influencia" en "las redes comerciales y de abastecimiento". Carmona asegura que la exigencia de renovar la flota a tan corto plazo -en 2020 no podrán acceder los vehículos ligeros de reparto que carezcan de distintivo ambiental- generará problemas de abastecimiento y sobrecostes para los vecinos.
Cambiar vehículos, subraya, "requiere una implantación mucho más lenta, porque no hay infraestructuras preparadas para según que vehículos y no son asequibles para todo el mundo". Este comerciante añade que la situación afecta a pequeñas y medianas empresas, además de a los autónomos de comercios tradicionales como fruterías, carnicerías o farmacias donde los productos podrían encarecerse.
Carmona pide que el Ayuntamiento considere a los comerciantes y trabajadores del centro como vecinos y les dé el mismo trato que a los residentes. "No vayáis tan deprisa, vamos a hacerlo de forma más gradual", recalca este comerciante madrileño, que destaca la necesidad de que las restricciones vayan acompañadas de alternativas como aparcamientos disuasorios o una mayor frecuencia de paso del Metro y el Cercanías.Esta plataforma pide una reunión donde los diferentes actores trasladen de forma conjunta sus peticiones a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Sabanés, que hasta ahora ha mantenido encuentros sectoriales.
Según la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que previsiblemente se aprobará el próximo viernes, a partir de 2020 no podrán acceder a Madrid Central los invitados, dueños de garaje, vehículos ligeros de reparto o carsharing sin distintivo ambiental, una restricción que llegará también a las personas con movilidad reducida en 2025, salvo que los vehículos estén adaptados.
