La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de crear inseguridad jurídica y poner en riesgo la FP

El consejero de Educación, Ciencia y Universidad, Emilio Viciana, ha acusado al Gobierno de "crear un clima de inseguridad jurídica y poner en riesgo todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años con la Formación Profesional" (FP), con la cotización a la Seguridad Social de las prácticas de los alumnos de estos estudios a partir del próximo 1 de enero.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero ha destacado el esfuerzo que se ha hecho durante años para conseguir la colaboración de las empresas para el desarrollo de prácticas de FP en los propios centros de trabajo.

Viciana ha reconocido el "éxito" de este sistema que ha motivado en los últimos años una gran demanda de la Formación Profesional, que ha pasado de ser "el patito feo" a convertirse en "una joya de la corona".

Según el consejero, el Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social, "motivado por la presión de los sindicatos, especialmente CCOO", ha publicado este año una norma que obliga a cotizar por las prácticas de los estudiantes de FP y de los universitarios.

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social argumentan que en un mundo en el que las carreras son cada vez más intermitentes y cada vez va ser más tardía la edad de jubilación es necesario garantizar que las personas puedan tener acceso a una jubilación para lo que tienen que haber cotizado durante un tiempo determinado, a lo que contribuirá la cotización por las prácticas de FP, que tienen una duración de tres meses.

La "otra cara de la moneda" es que la cotización de los alumnos de FP en prácticas -170.000 en la Comunidad de Madrid- "queda muy bien en las cifras de la Seguridad Social y en las estadísticas de cara a la Unión Europea, a la hora de hablar de la reducción del paro juvenil", ha apuntado Viciana.

En la reunión de la Conferencia Sectorial de la semana pasada, presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, donde se trató este asunto, todas las comunidades autónomas demandaron "en bloque" una moratoria en la aplicación de esta medida que inicialmente se iba a poner en marcha en octubre, pero que finalmente entrará en vigor el 1 de enero.

"Los propios principios inspiradores de la normativa de la Seguridad Social y los propios principios educativos y del trabajo ya ponen de manifiesto que los estudiantes no son trabajadores", ha sostenido el consejero, quien ha opinado que "cotizar por formarse es una aberración desde el punto de vista político y administrativo", aunque ha asegurado que, "en la Comunidad de Madrid, se cumplen las normas y así se va a hacer".

Viciana ha expuesto que esta decisión ha generado un problema de carácter económico al tener que pagar la cotización, por lo que el Ministerio se ha comprometido durante el año 2024 a bonificar en un 95% la cotización de las prácticas, aunque ha mostrado su preocupación por lo que va a pasar en los años 2025, 2026 y 2027.

Además, el consejero ha señalado que hay otro problema, que es la gestión, que tiene un coste muy elevado, lo que ha tenido "un primer efecto pernicioso de huida de numerosas empresas" con las que se ha hecho un trabajo durante años para que acojan alumnos en prácticas.

Es "muy significativo" que las Administraciones públicas, los ministerios, los organismos autónomos que habitualmente tenían alumnos de FP en prácticas ya no los vayan a acoger, ha afirmado Viciana antes de preguntarse: "¿Si las instituciones públicas no están capacitadas para afrontar estos costes de gestión, cómo lo harán las empresas?".

Por ello, la Comunidad de Madrid está preparando distintos mecanismos para ayudar a la empresas y a los centros a hacer frente a la cotización a las prácticas de Formación Profesional, que son obligatorias y necesarias para que los alumnos puedan obtener su título.

Desde la Administración regional, están en contacto permanente con el Ministerio de Educación y con la Seguridad Social, sin obtener respuestas "satisfactorias", lo que, en opinión del consejero, demuestra la necesidad de la moratoria de esta medida.