Según han informado a Efe fuentes del TSJM, una vez que la Policía Nacional ha remitido al juzgado el atestado con las investigaciones realizadas hasta este momento, el juez ha decidido incoar diligencias previas sobre estos hechos, que podrían acarrear la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de la empresa de camiones en San Fernando de Henares, de unos 2.500 trabajadores.
Hasta ahora, la Policía se encontraba investigando quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que fue difundido entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares.
El juzgado que investigará la difusión del vídeo fue el que se encargó del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación. Fuentes cercanas al caso informaron a Efe de que se trata de un total de cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya propagación empezó desde "dentro de la propia empresa".
Según explicó CGT Iveco, cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación. Este departamento le aconsejó denunciar los hechos, pero ella rehusó hacerlo. Quien sí denunciara a Iveco, en este caso ante Inspección de Trabajo, es CCOO al considerar que no activó el protocolo de acoso sexual en este caso cuando, en su opinión, se trata de un accidente laboral.
