La Policía ha detenido en Madrid a nueve personas que formaban parte de un grupo dedicado a conceder préstamos fraudulentos con "intereses leoninos" a personas con graves problemas económicos y escasos conocimientos financieros que incluso llegaban a perder sus casas al no poder pagar la deuda.
Según informa la Jefatura Provincial de Policía de Madrid, los detenidos son cinco mujeres y cuatro hombres, entre los que se encuentra el máximo responsable de la organización, y hasta el momento se ha tomado declaración a veinte afectados en una investigación que sigue abierta.
BUSCABAN PERSONAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS
Los investigadores consideran que los detenidos buscaban a personas con problemas financieros y escasos conocimientos en esa materia y les engañaban para suscribir préstamos con intereses abusivos y condiciones poco claras, de modo que contraían "enormes deudas" que iban creciendo día a día al no poder hacer frente a los pagos.
La investigación empezó a comienzos de 2015 al tener conocimiento la Policía de una serie de informes financieros que ponían de manifiesto ciertas irregularidades en la concesión de préstamos en casos en los que los afectados llegaban a perder sus casas por los elevados intereses que no alcanzaban a pagar.
Se averiguó que el prestamista principal trabajaba a través de diversos intermediarios, que actuaban de manera similar en todos los casos. El primer paso era anunciarse en diferentes medios para captar a personas en paro o con graves problemas económicos que necesitaran un préstamo de dinero.
Los prestamistas les hacían creer que una entidad les concedería el crédito, para lo cual tenían que presentar diferentes avales, entre ellos, los datos de la casa que tuvieran en propiedad, un método que utilizaban para asegurarse de que tenían un inmueble con el que responder ante un posible impago.
UN AVAL DE POR MEDIO
Una vez hecha esa comprobación, los intermediarios dejaban ver a las víctimas que las entidades no iban a conceder la financiación y les persuadían "con todo tipo de estrategias" de que recurrieran a un prestamista privado.
En el momento que el cliente estaba decidido a contratar un prestamista privado y se realizaba la tasación de la casa certificaban el acto ante un notario para dar mayor verosimilitud y apariencia legal a todo el acto.
De ese modo se aseguraban de que, en caso de impago del importe acordado, cobrarían el aval impuesto de manera legal. En la notaría aparecía el prestamista privado dispuesto a aportar la cantidad que necesitaban, pero en todos los casos la cantidad era menor a la solicitada y en el mismo momento de la entrega del capital las víctimas tenían que abonar parte del dinero a los intermediarios por diferentes conceptos.
La Policía expone que durante la fase previa a la firma en el notario se llevaban a cabo múltiples irregularidades. Por ejemplo, la lectura de los documentos era rápida e incompleta, no comprobaban si el dinero se correspondía con el acordado, ni tampoco acreditaban la entrega ni su origen.
A juicio de los investigadores, con esas prácticas podían vulnerar lo establecido en la normativa sobre el funcionamiento de notarios y en la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Cuando se consumaba la estafa comenzaban a funcionar los intereses de demora, que podían alcanzar "cantidades desorbitadas por cada día que pasaban sin pagar", lo cual obligaba a los afectados refinanciar la deuda, hasta que perdían la casa que habían puesto como aval. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
