Las obras en Gran Vía y la Plaza de España comenzarán en enero de 2018; las de la primera calle se licitarán en la fecha propicia para ese inicio de los trabajos, en tanto que las de la plaza ya se han licitado, tras decidirse el proyecto ganador con una consulta participativa.
Así lo anunció la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su intervención inicial en el Debate del Estado de la Ciudad, donde precisó que Gran Vía tendrá un solo carril entre Callao y la Plaza España y cuatro de Callao a Cibeles, para evitar que las bicicletas en subida colapsen el tráfico.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado hoy que en enero de 2018 comenzarán las obras de remodelación de la Gran Vía para reducir los carriles destinados al tráfico rodado y ampliar las aceras en una arteria que el Gobierno municipal prevé cerrar a los no residentes.
La alcaldesa ha hecho este anuncio en el debate del estado de la ciudad, en el que ha defendido que con la gestión de su gobierno la capital española se convierte en una "ciudad moderna" y empieza a ser "la capital de la locomoción eléctrica" gracias a proyectos como los coches y las motos de alquiler y las bicicletas eléctricas municipales.
La transformación de la Gran Vía, cuyo proyecto ya está redactado, se incluía en el plan de calidad del aire de Madrid, que prevé restringir en 2018 el acceso en vehículo privado al centro de la ciudad a los no residentes, además de reducir a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en la M-30 y los accesos a la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid ya anunció en enero de este año que realizaría obras en la Gran Vía para que la calzada y las aceras queden al mismo nivel, con una "plataforma única", con lo que esta arteria quedaría preparada para el cierre parcial al tráfico derivado de su inclusión en la gran área de prioridad residencial del Centro.
El objetivo del equipo de Carmena es que en 2018 no puedan acceder a buena parte del centro de la capital quienes no sean residentes, aunque sí se permitirá el paso a vehículos autorizados, entre ellos los de comerciantes y taxis.
La Gran Vía ya se cerró durante 29 días los meses de diciembre y enero a la mayoría de los vehículos en una actuación que tenía como objetivo probar la medida para ver si era posible aplicarla de forma definitiva.
El PP y Ciudadanos, al igual que algunas asociaciones de comerciantes, mostraron su frontal rechazo a la iniciativa por considerar que no solo generó un caos de tráfico sino que también conllevó pérdidas a las empresas ubicadas en la zona.
