El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PP y diputado en las Corts, Ricardo Costa, se sentarán a partir de este lunes en el banquillo por la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso G~rtel', un procedimiento cuya instrucción se ha prolongado algo más de dos años y medio, y en el que las partes han presentado alrededor de un centenar recursos, la mayoría de ellos desestimados. Las partes y los candidatos a jurado están citados a las 10.00 horas, aunque las declaraciones de los acusados no empezarán hasta que no quede constituido el tribunal popular.
Camps y Costa serán juzgados acusados de haber recibido trajes como regalos de la trama G~rtel en Valencia, lo que se ha calificado de un delito de cohecho pasivo impropio. La causa llevó a Camps a presentar su dimisión el 20 de julio de este año, cinco días después de que el juez instructor José Flors decidiera abrir juicio oral. Al dejar el cargo, reivindicó su "completa inocencia" y alegó que no pretendía ser un "obstáculo" para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ganara las elecciones.
La Fiscalía Anticorrupción pide tanto para Camps como para Costa una multa de 41.250 euros, mientras que el PSPV --acusación popular-- eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los dos acusados, que incluyen multa o inhabilitación.
La acusación pública atribuye a Camps --que fue el primer presidente en ejercicio de una comunidad autónoma al que los jueces acordaron sentar en el banquillo ante un jurado popular-- la recepción de al menos cinco trajes y tres americanas entre finales de 2005 y septiembre de 2006 por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano; cinco trajes y tres pares de zapatos entre finales de 2006 y julio de 2007 por 5.393,5 euros, adquiridos en Forever Young; y dos trajes, una americana y dos pares de zapatos, valorados en 2.680 euros, también de este último establecimiento.
Por su parte, sostiene que Costa recibió al menos tres trajes entre enero y agosto de 2006 por valor de 2.400 euros adquiridos en Milano, y seis pantalones y un traje entre finales de 2006 y julio de 2007 por importe de 4.925 euros de Forever Young. La acusación cuantifica el importe de los regalos en 14.021,50 euros en el caso de Camps; y de 7.325 en el caso de Costa.
En esta causa --que cuenta con 56 tomos y casi 19.000 folios, y cuya vista está previsto que se prolongue durante dos semanas-- ya han sido condenados otros dos acusados, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el que fuera jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes mostraron su conformidad con los hechos que se les imputaba y aceptaron pagar una multa de 9.600 euros. Además, Betoret devolvió los trajes, valorados en 13.499 euros, y el tribunal ha preguntado a las partes del proceso que destinos les dan. LOS INICIOS
Esta causa, que ha pasado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dio comienzo por decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien abrió las diligencias previas 275/2008 para investigar una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y liderada por Francisco Correa.
En el caso de la Comunitat, en febrero de 2009, funcionarios de Justicia reclamaron en la Conselleria de Turisme los contratos adjudicados para el stand de Fitur a la empresa Orange Market, vinculada a la trama y la Policía detuvo en Valencia a su responsable Alvaro Pérez, alias 'El Bigotes', relacionado con Correa y que había trabajado en la organización de actos del PPCV.
Fue en ese mismo mes cuando se publicaron por primera vez informaciones que vinculaban a Camps con la investigación de esta trama por el regalo de varios trajes por parte de las empresas implicadas. La Fiscalía Anticorrupción le implicó por la frase de un imputado que aludía al pago en trajes para él.
El exjefe del Consell desmintió en ese momento "indignado" la relación y anunció que iba a emprender todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y del cargo que representaba. Sin embargo, se filtraron conversaciones telefónicas grabadas por la Policía entre Alvaro Pérez y Camps, donde el expresidente de la Generalitat se refería al responsable de Orange Market como 'amiguito del alma'.
En el mes de marzo, Garzón se inhibió en parte de la investigación en favor del TSJCV al encontrar indicios de responsabilidad penal en Camps y en Ricardo Costa. Además, implicó al exsecretario general de Organización del partido y exvicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret.
La sala de lo civil y penal del TSJCV se declaró el 21 de abril de 2009 competente para asumir la investigación, en la que el instructor sería el magistrado José Flors. Tras la toma de declaración a los imputados y a numerosos testigos, entre ellos, a 35 altos cargos y funcionarios de la Generalitat, Flors halló indicios racionales de delito contra Camps, Costa, Betoret y Campos. Sin embargo, la Sala, tras estudiar los recursos interpuestos contra esta decisión, acordó en agosto de ese año el sobreseimiento con el voto de dos de los tres magistrados que la componían, entre ellos, el de Juan Luis de la Rúa, al que el propio Camps consideró en un acto público "más que un amigo".
Fiscalía y el PSPV recurrieron esta decisión ante el Tribunal Supremo, que en mayo de 2010 acordó reabrirla. Así, las actuaciones volvieron a Flors, quien practicó algunas diligencias más y, tras concluir la instrucción, el 15 de julio de 2011 acordó abrir juicio oral contra Camps y los otros tres imputados.
COSTA, LUNA
En estos dos años y medio de investigación, la dirección del PP decidió destituir a Ricardo Costa como secretario general del PPCV después de unas declaraciones que realizó en las Corts Valencianes, en las que aseguraba que continuaba en el cargo pese a que ya se le había dado por suspendido por Génova por su "actitud" en relación con este caso.
Además, en este tiempo, el PP en las Corts propició una investigación contra el entonces portavoz socialista en la Cámara, Angel Luna, por exhibir un informe de la Policía bajo secreto de sumario desde la tribuna de oradores del hemiciclo valenciano. Tras la apertura de juicio oral contra Luna, acusado de un delito de encubrimiento, el TSJCV decidió absolverle.
Asimismo, el abogado José Luis Mazón interpuso una queja contra el TS después de que el CGPJ archivara su denuncia contra Juan Luis de la Rúa por no abstenerse en la resolución que sobreseyó inicialmente la trama valenciana del 'caso G~rtel'. El Alto Tribunal también archivó la pretendida sanción disciplinaria al no estimar "circunstancias subjetivas de temeridad".
En octubre de 2010, el pleno del CGPJ designó como presidenta del TSJCV a la magistrada Pilar de la Oliva, en sustitución de De la Rúa. Desde su toma de posesión, ha sido parte de la sala civil y penal que ha intervenido en la última parte del proceso.
