El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra ha ingresado en la cárcel de Aranjuez para cumplir la pena de cuatro años de prisión por otros tantos delitos fiscales por haber defraudado a las arcas públicas 693.000 euros.
Fuentes penitenciarias han informado de que Fabra ha entrado en la prisión de Aranjuez poco después de las cuatro de la tarde de forma voluntaria y después agotar el plazo máximo de cinco días -hoy era el último- que le daba la Audiencia Provincial de Castellón.
Tras recoger el pasado miércoles este mandamiento de ejecución de la sentencia y después de que el día 21 el Gobierno denegara su indulto, Carlos Fabra manifestó que no recurriría su ingreso en prisión para cumplir una sentencia dictada hace ya un año.
Mucho más tiempo ha pasado, casi once años, desde que un empresario le denunciara y abriera el caso contra el exmandatario popular que terminó abandonando todos sus cargos públicos.
Hoy, más de una década después del inicio de la instrucción, la causa se cierra con su entrada en la cárcel que él ha decidido por razones familiares -su entorno reside en Madrid- y médicas, ya que Fabra tiene trasplantado el hígado y su médico es de la capital.
DESDE 2003
Fue en diciembre de 2003 cuando el que hasta ese momento se consideraba amigo del político, el empresario castellonense y gerente de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las que afirmaba que el exmandatario había mediado ante diferentes instituciones públicas para conseguir autorizaciones de los ministerios.
Esas querellas fueron rechazadas, pero la titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón) abrió de oficio en enero de 2004 un nuevo procedimiento por indicios racionales de delitos contra la administración pública, cuya instrucción se prolongaría a lo largo de una década, durante la que pasaron por ese juzgado nueve jueces y cuatro fiscales.
Un años después, en 2005, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004.
También ese año, el Juzgado número 2 de Nules abrió diligencias de investigación tras otra denuncia de Vilar por una supuesta falsificación de sellos y cuños en los documentos de unos productos fitosanitarios.
En 2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Fabra contra la investigación judicial sobre su patrimonio, mientras que en mayo de 2009 el Juzgado de instrucción número 2 de Nules incoó procedimiento contra él por posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones comerciales.
En mayo de 2010, la Audiencia de Castellón acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra Fabra por falsedad documental.
Un mes después, el Juzgado número 1 de Nules transformó las diligencias contra Fabra en procedimiento para juicio, al entender que los hechos presuntamente cometidos por él y su mujer serían constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
A finales de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera juzgado por un tribunal, y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 investigados en el juzgado 1 de Nules, por entender que habían prescrito.
No obstante, en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales.
En diciembre de 2012, el juzgado número 1 de Nules dio por concluida la instrucción y un mes después ordenó abrir juicio oral por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal contra Fabra, su exmujer (Amparo Fernández), el empresario Vilar y su exmujer (Montserrat Vives).
Finalmente, el 2 de octubre de 2013 comenzó en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón el juicio; la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una pena de prisión para Fabra de 13 años, que quedó visto para sentencia el 30 de octubre tras la declaración de medio centenar de testigos.
La Sección Primera absolvió a Fabra de los delitos relacionados con la corrupción y le condenó a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos en cuatro ejercicios por defraudar 693.000 euros.
Fabra interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Supremo que fue rechazado.
También solicitó al Gobierno el indulto, al que se opuso la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe el pasado octubre en el que alegó que el expresidente de la Diputación de Castellón "viene utilizando todos los instrumentos previstos en la ley, incluyendo el recurso de amparo, con un único objetivo: retrasar 'sine die' su entrada en prisión".
Ahora la única vía judicial que se mantiene viva para Fabra es que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo.
