El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Histórica y reclamar, entre otras cosas, que se exhumen los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Según los socialistas, la actual composición de la Cámara permite articular una mayoría que fuerce al Gobierno a dar ese paso. Así consta en el texto que han presentado en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, y la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, quien ha denunciado que, cuando se van a cumplir diez años de su entrada en vigor, la Ley de Memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin cumplirse en su totalidad.
La portavoz adjunta ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se cargó" la efectividad de la norma cuando dejó de financiar su aplicación al llegar a La Moncloa en 2011, si bien ha señalado que algunas cuestiones han sido desarrolladas desde gobiernos autonómicos del PSOE y podrían servir como ejemplo para reforzar la norma estatal.
Uno de los puntos que incluye en el PSOE en su iniciativa busca forzar al Gobierno a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder "resignificar" este espacio, de forma que deje de ser un lugar de "memoria franquista y nacional católica" y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
QUITAR SUBVENCIONES A ENTIDADES FRANQUISTAS
En esta línea, el PSOE aboga también, siguiendo el criterio de los expertos, por exhumar el cadáver José Antonio Primo de Rivera fundador de Falange aunque en su caso bastaría con sacarlos del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo situado junto a El Escorial.
Otra de las propuestas del PSOE es excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
Aunque la Ley de Memoria no lo contemplaba, los socialistas aprovechan su proposición no de ley para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
También quieren que se estudie la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana
Además, el primer partido de la oposición reclama establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, así como fomentar incluir la memoria histórica en los contenidos educativos.
Para revitalizar la Ley de Memoria, el PSOE exige reanudar las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, volver a expedir declaraciones de reparación a las víctimas y constatar, en su caso, la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos del franquismo.
FOSAS Y BANCOS DE ADN
También reclama al Gobierno que asuma, en colaboración con el resto de administraciones y asociaciones, las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes y dar un entierro digno a sus ocupantes. En este punto, defiende la creación urgente de Bancos de ADN, teniendo en cuenta la avanzada edad de los familiares de los desaparecidos.
La retirada de símbolos y monumentos franquistas, la apertura de todos los archivos institucionales con información sobre la represión y un censo de las infraestructuras y obras realizadas por los represaliados sometidos a trabajos forzados donde deben colocarse placas en su honor, también figuran en la iniciativa del PSOE.
El texto se completa con una propuesta para ampliar los colectivos que, invocando la Ley de Memoria pueden solicitar la nacionalidad española, para que se incluya en concreto a las descendientes de mujeres españolas (hasta 1978 las madres no transmitían la nacionalidad), los descendientes de varones que tuvieron que renunciar a su nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos mayores de edad que quienes han adquirido la nacionalidad gracia a esta norma, que sólo lo contemplaba para los menores.
