Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por apuntar que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo Martínez, tiene algún "problema singular" y que "todos lo saben".
La Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones esta mañana ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.
"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", reza el comunicado.
En su nota exponen que el "verdadero peligro" es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la "confusión intencionada" de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".
EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL PIDE QUE ACLARE LA INFORMACIÓN
José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que no le consta que el juez discrepante de la sentencia de la Manada tenga "algún problema singular" tal y como ha dicho el ministro de Justicia, al que ha pedido que aclare esa información.
De esta manera se ha referido a las declaraciones efectuadas por el titular de Justicia, Rafael Catalá, que hoy ha afirmado que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial "debería haber actuado preventivamente" contra él.
"Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben", ha subrayado Macías, que ha destacado que la obligación del ministro es colaborar con el "buen funcionamiento de la Justicia y con el Consejo".
Macías no ha querido valorar la sentencia del juicio de la Manada, que ha leído con "mucho detenimiento", y ha subrayado que ninguno de los tres magistrados que integraron el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra hayan solicitado amparo o que se haya formulado alguna queja contra la sentencia.
"En el caso de que se llegara a formular alguna queja, examinaríamos si tiene que ver o no con el ejercicio de la jurisdicción o si se han extralimitado en ese ejercicio", ha aseverado.
A su juicio, las declaraciones de Catalá no contribuyen a "la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia y del poder judicial, por lo que ha demandado al ministro que aclare "lo que ha querido decir para despejar esa duda" y ha afirmado que "seguro que nada más lejos de su intención que el haberla generado".
Tras expresar su "perplejidad" por las manifestaciones de Catalá, ha incidido en que la responsabilidad del ministro también estriba en decir que "en realidad no hay nada". Macías ha confirmado que en los últimos 4 años el Consejo no ha incoado ningún tipo de expediente al magistrado González y ha recordado que "una vez que se ha impuesto una sanción y se ha cumplido, desaparece del expediente".
EL PODER JUDICIAL PIDE PRUDENCIA A LOS RESPONSABLES PÚBLICOS
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apelado a la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia, así como el cuestionamiento de los jueces que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad.
El CGPJ ha emitido un comunicado "a la vista de las recientes manifestaciones realizadas por diversos miembros del Gobierno" sobre la sentencia de la Audiencia de Navarra en el juicio contra la Manada, en la que el juez Ricardo González incluyó un voto particular pidiendo la absolución de los acusados, que fueron condenados a 9 años de cárcel por abusos pero no por agresión sexual.
Entre estas manifestaciones figura la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que hoy ha considerado que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial "debería haber actuado preventivamente" contra él.
"La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad", dice el comunicado.
"Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos", añade.
SUSPENDIDO POR RETRASOS
El magistrado fue suspendió por seis meses, en julio de 2001 y por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones, al magistrado Ricardo Javier González. La sanción, impuesta por falta muy grave, tuvo en cuenta que el magistrado necesitó más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio, algo que ya le había sucedido anteriormente.
González fue multado por dilaciones en procedimientos de divorcio y separación de los que se había ocupado en los años 90. En opinión del vocal del CGPJ, estas dilaciones se pueden producir por "situaciones personales, problemas en el funcionamiento de los órganos, saturación en el trabajo, e incluso por el carácter de jueces puntillosos". Ha recordado que el CGPJ está dotado con unos mecanismos de control de la actividad no jurisdiccional y ha insistido en que no ejerce tutela ni control preventivo sobre como se dictan las sentencias, sino que se limita al correcto funcionamiento de los órganos.
Para ello, el Consejo está dotado de un servicio de inspección que en el caso de queja verifica si los órganos están funcionando mal o bien y en el caso de que se detecte una mala praxis, una comisión disciplinaria se encarga de imponer sanciones. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas pueden ir desde una advertencia hasta la separación del servicio de los jueces.
