Dimite el director de los Mossos d'Esquadra a dos meses del 1-O

  • Pere Soler será el sustituto de Batlle al frente de los Mossos d'Esquadra
  • El conseller de Interior, Joaquim Forn, acepta la dimisión de Batlle y propondrá a Pere Soler como su sustituto

El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha presentado hoy su dimisión ante el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, a dos meses y medio de la fecha anunciada por el Gobierno catalán para la celebración del referéndum de independencia del 1-O, según han informado fuentes policiales.

La marcha de Batlle se produce tras el cambio de consejeros acometido el viernes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para afrontar la recta final hacia la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre.

Batlle, un ex alto cargo del tripartito que siempre ha defendido que los Mossos d'Esquadra deben ser políticamente neutrales e imparciales y que la policía catalana debe cumplir y hacer cumplir la ley, ha renunciado al cargo de director político de la policía catalana, al que accedió el 10 de junio de 2014, en sustitución de Manel Prat.

En un mensaje remitido hoy a todos los agentes del cuerpo anunciando su dimisión, Batlle se muestra convencido de que "en los actuales momentos de la vida del país", en el que el gobierno catalán plantea un referéndum de independencia para el 1-O, la policía catalana "seguirá perseverando" en su "misión de defensa de la seguridad y del bienestar" de los ciudadanos. "Y lo hará, como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley", agrega el hasta ahora director de los Mossos, que sigue los pasos del exconseller Jordi Jané, que dejó el gobierno catalán el pasado viernes.

En su despedida, Batlle muestra su agradecimiento a todo el personal de la Dirección General, a los mandos y a todos los miembros de los Mossos d'Esquadra por su "abnegada entrega a la misión que tienen encomendada al servicio del pueblo de Cataluña".

Además, agradece en el escrito la confianza que depositó el gobierno catalán al nombrarle, a la que espera haber correspondido con "dedicación y lealtad".

PERE SOLER, EXDIRECTOR DE SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA GENERALITAT, ESTARÁ AL FRENTE DE LOS MOSSOS

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha propuesto hoy a Pere Soler Campins como nuevo director de los Mossos d'Esquadra, cargo para el que será nombrado oficialmente mañana por el gobierno catalán, en sustitución de Albert Batlle.

Pere Soler Campins, fue nombrado en 2013 director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, dependiente de la consellería de Justicia cuando estaba dirigida por Germà Gordó.

Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1967, Pere Soler es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (1991), máster en Derecho y Transmisiones Electrónicas por la Universidad de Valencia (2000-2001) y especialista en estudios europeos. Pere Soler Campins ha desarrollado su actividad profesional como abogado en Terrassa, donde tiene despacho desde 1992. Además, fue presidente del Tribunal Arbitral de Terrassa y concejal de CiU en el ayuntamiento de esa ciudad.

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha aceptado la dimisión del director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, después de que tras asumir el cargo de conseller de Interior, no descartara hacer cambios en la estructura de su departamento.

Forn, que a diferencia de Jané es un conseller nítidamente independentista, desveló que ya había hablado con Batlle, a quien sectores de ERC y la CUP veían con reticencias al dudar de su compromiso con el proceso soberanista.

De hecho, a siete días de la consulta del 9N de 2014, Batlle remitió un escrito a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra en el que les recordaba su obligación de "actuar con neutralidad política e imparcialidad", incluso cuando estuvieran fuera de servicio, ante los "acontecimientos políticos y sociales" que vive Cataluña.

Nacido en Barcelona en 1953 y licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona, Batlle fue concejal socialista de deportes en el Ayuntamiento de Barcelona y secretario general de Servicios Penitenciarios durante el gobierno tripartito, integrado por PSC, ERC e ICV, que llegó al cargo procedente de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), desde donde 2011 ejerció como director adjunto.

La trayectoria de Batlle, abogado de profesión, ha estado ligada al PSC desde que en 1983 inició su trayectoria política como concejal del Ayuntamiento de Barcelona, donde se dio a conocer especialmente como concejal de deportes, aunque también ejerció labores de urbanismo, turismo, servicios funerarios, educación y servicios sociales.

Con la llegada en 2003 del tripartito a la Generalitat, tras 23 años de gobierno de Jordi Pujol (CiU), Batlle saltó al otro lado de la plaza de Sant Jaume, donde fue nombrado secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia juvenil, órgano adscrito al departamento de Justicia.

En septiembre de 2011, Batlle fue nombrado subdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), en la que se ha mantuvo hasta su nombramiento como director de los Mossos d'Esquadra, donde se incorporó cuando el conseller era el democristiano Ramon Espadaler.

LOS SINDICATOS DE MOSSOS CREEN QUE LA SALIDA DE BATLLE GENERA INCERTIDUMBRE

Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra han valorado que la dimisión del hasta ahora director general de la policía catalana Albert Batlle genera "incertidumbre" y han reiterado que cumplirán la ley.

El portavoz del Fepol, Valentín Anadón, ha asegurado que la salida de Batlle genera "preocupación e incertidumbre" aunque también ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque la policía seguirá garantizando la seguridad jurídica. Según ha indicado, por definición, la policía cumple la ley, y a su entender, ahora "no es momento de excepciones".

El portavoz del SME, Toni Castejón, considera que tantos cambios en pocos días generan "inestabilidad", ha recordado que el cuerpo de Mossos es jerárquico y confía en el buen criterio del mayor, Josep Lluís Trapero. "Confiamos en que el Mayor hará lo correcto esté quien esté como cargo político" al frente de la Conselleria, ha valorado Castejón.

El portavoz del SPC, David Miquel, ha considerado que Batlle es "una víctima más" del proceso de remodelación del Govern y ha indicado que no están preocupados por quién haya al frente de Interior sino por qué tipo de órdenes pueda dar.

Desde el CAT, su portavoz, María José Dávila, ha opinado que su cese les perjudica como sindicato porque tenían varios "frentes abiertos" en cuanto a mejoras laborales del cuerpo, y que ahora deberán empezar de cero.

La Uspac, a través del portavoz Josep Miquel Milagros, ha asegurado no estar preocupados por el cambio pero admiten que es "desconcertante" y deja cierta incertidumbre en el futuro de la policía catalana.

CATALÁ SEGURO DE QUE LOS MOSSOS DEFENDERÁN LA LEY Y EL INTERÉS GENERAL

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado "seguro" de que los Mossos d'Esquadra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado defenderán "como hacen siempre en Cataluña y en España, el interés general y los derechos de los ciudadanos". En declaraciones a la prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, el ministro ha abogado por "diferenciar las declaraciones políticas o de voluntad, de las actuaciones en términos de Derecho" y ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están al servicio de la ley y al servicio de los ciudadanos".

"No están al servicio de un Gobierno y menos de un Gobierno de radicales y de un Gobierno que quiere incumplir las normas", ha proclamado. Por lo tanto, se ha mostrado "seguro" de que los Mossos d'Esquadra, "como servidores públicos que son, están sometidos al mandato de la ley y no al mandato de una persona", es decir, que "no pueden recibir órdenes contrarias al Derecho".

Catalá ha asegurado que si el Ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont da pasos para incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) o la legislación vigente, "por supuesto" que el Gobierno actuará "con los instrumentos que el Estado de Derecho pone al servicio del interés general". "Tomar medidas para llevar a cabo un referéndum que ha sido declarado ya inconstitucional es contrario a Derecho y, por lo tanto, el Gobierno actuará en consecuencia. No queremos tampoco anticipar medidas ni promover ninguna actuación que no sea más que proporcionada y adecuada a lo necesario en cada caso", ha manifestado.