La fiscal Concepción Sabadell aseguró este lunes durante la exposición de las conclusiones del juicio por la primera época de la trama Gürtel que la red liderada por Francisco Correa se creó para el "desfalco sistemático" de las arcas públicas, con el resultado de que su actuación "dañó gravemente el interés general". Sabadell consideró probado que el grupo de empresas se creó expresamente para "delinquir", constituyendo mecanismos para corromper el sistema de adjudicación de contratos y "esquilmando las arcas públicas" mediante "un sistema que se instaló, se enraizó y se extendió a diferentes entidades y municipios".
A su juicio, la actividad del grupo empresarial no incurrió en hechos aislados, sino que urdió una trama sistemática que acabó constituyendo un "modo de vida" a través del que "esquilmaba las arcas públicas" mediante la adjudicación irregular de contratos a cambio de una comisión "del 3 o el 4 por 100" del monto total.
Los 37 acusados están en la sala de juicio para escuchar las conclusiones de la Fiscalía y de las acusaciones. Un año después de su inicio, el 4 de octubre de 2016, toca a su fin la vista oral del caso de presunta corrupción política que llevó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar como testigo.
La Fiscalía pide para el cabecilla de la red, Francisco Correa, un total de 125 años de cárcel, y ha rebajado la petición que hace para el extesorero del PP Luis Bárcenas hasta los 39 años y seis meses, al retirar la acusación por uno de los delitos contra la Hacienda Pública que en principio le atribuía.
COMPRENDERÍA QEU SE REBAJARA LA PENA DE FRANCISCO CORREA POR SU COLABORACIÓN
Correa es considerado el "jefe supremo" de la red y el ministerio público mantiene para él la petición de 125 años de cárcel, aunque la fiscal Concepción Nicolás "entendería" que el tribunal rebajara su pena, teniendo en cuenta el reconocimiento que hizo de algunos de los delitos que se le atribuyen durante su declaración en el juicio.
Para Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y mano derecha de Correa en la trama, solicita 85 años de prisión. Para el representante de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes , el ministerio público pide cinco años y dos meses de cárcel.
El grupo de empresas de Correa habría obtenido así un enriquecimiento de 8 millones de euros, mientras que los cargos públicos corrompidos se habrían lucrado con más de un millón, concluye la fiscal.
Según la fiscal, hay un volumen "abrumador" y "contundente" de pruebas que deben permitir la condena de los 37 acusados en esta pieza del caso Gürtel . A través del entramado de empresas de Correa se obtuvieron más de ocho millones de euros de ganancias ilegítimas y varios cargos públicos cobraron una cifra superior a millón de euros.
Tanto el Partido Popular como la exministra de Sanidad, Ana Mato, figuran como partícipes a título lucrativo al beneficiarse de las actividades de la Gürtel . Las sesiones del juicio concluirán este mes de octubre y está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 10 de noviembre.
La fiscal ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio. Se trata del empresario Jacobo Gordon, para el que pide cinco meses de prisión por blanqueo de capitales; el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández, para quien solicita 11 meses por fraude y malversación, y el constructor Alfonso García Pozuelo, al que pide dos años por cohecho.
La fiscal rechazó en su informe las peticiones de nulidad de la causa que habían planteado las defensas y avaló la validez de las grabaciones que realizó el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, argumentando que las hizo "de forma independiente" sin la dirección o conocimiento de la Fiscalía o de la Policía. Insistió en que existe "una abrumadora prueba" que va más allá de esas grabaciones.
LA TRAMA DE GÜRTEL HIZO DE LOS SOBORNOS SU MODO DE VIDA
La fiscal Concepción Sabadell ha dicho hoy durante su informe final en el juicio del caso Gürtel que la trama liderada por Francisco Correa hizo de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP "un modo de vida" continuada en el tiempo. Ha recordado que el propio Correa, para quien la fiscal pide la máxima pena, 125 años de prisión, "involuntariamente" habló del "sistema" para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas y asegurar la adjudicación de contratos a cambio del tres o el cuatro por ciento de comisión, "lo que fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir".
La fiscal ha dicho que los acusados "esquilmaron arcas publicas" con un sistema de corrupción en perjuicio de la concurrencia legal de empresas sobre todo en la Comunidad de Madrid y en ayuntamientos madrileños como los de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, consiguiendo la trama de Correa contratos públicos por ocho millones de euros por los que se pagaron más de un millón en comisiones.
