El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional y sin fianza para los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, detenidos el viernes acusados de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar acusaciones.
Pedraz también ha tomado declaración a tres arrestados más, a los que ha dejado en libertad con comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Se trata de tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, y el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas.
A Bernad le imputa los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, y a Pineda los mismos más estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz relata que la organización dirigida por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y en la que participaba el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, aprovecharon la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias para alcanzar "acuerdos económicos enmascarados".
El magistrado, que explica que el grupo Ausbanc destinó a sus sociedades más de 5,3 millones de euros, añade que desde noviembre los investigadores han detectado que la organización actuó mediante estas tácticas en cuatro casos abiertos en los tribunales: Nóos, los ERE y dos procesos abiertos contra el Sabadell y Facua.
El juez apunta que la organización estaba dirigida por Luis Pineda y que este utilizó la "cobertura" de Ausbanc en defensa de los consumidores para "presionar" a entidades y obtener un beneficio económico ilícito. De este modo, realizaron tácticas de coacción para alcanzar acuerdos económicos "enmascarados en contratos publicitarios y utilizando a su vez al sindicato Manos limpias para reforzar las coacciones".
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de dichos " convenios publicitarios" así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señala el magistrado en su auto, en el que detalla el papel que desempeñaban los detenidos en la organización, que contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU.
El auto describe las conductas de desvío de fondos, las presuntas estafas a los asociados y las negociaciones por las que conseguían los contratos publicitarios y destaca que desde noviembre los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.
Como ejemplo, especifica que la organización llamó el 29 de febrero de 2016 al director general de la Fundación La Caixa y el 14 de marzo al subdirector general de la asesoría jurídica del Sabadell para negociar la retirada de la acusación popular contra la Infanta Cristina en el Caso Nóos. Las dos entidades contactaron con el abogado defensor de esta, Miquel Roca, que denunció ante la Policía el 30 de marzo el ofrecimiento realizado por Pineda para "tratar el tema de Palma".
Según el auto, comenzaron pidiendo dos millones pero después incrementaron esta cifra hasta los tres porque habían tenido muchos gastos procesales relacionados con la causa. También, se ha detectado que Unicaja tendría que pagar un millón de euros si quería que Pineda solicitara el archivo de una causa contra la entidad en los tribunales; mientras que en el caso del Sabadell pedían rebajar la deuda de un constructor
