La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella.
Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, la operación ADMIRAL, coordinada por la Fiscalía Europea, supone el mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la UE, a través de una compleja red en la que están implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.
La Fiscalía Europea ha coordinado la operación en colaboración simultánea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía, países en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.
En concreto en España las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de Málaga y Barcelona.
Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (Málaga), en las que se intervinieron dos vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil.
La trama estaba conformada por un complejo entramado de empresas que actuaban como proveedores de los dispositivos electrónicos y otras que reclamaban la devolución del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electrónico.
Posteriormente, canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).
Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas en el entramado, lo cual les habría permitido evitar ser detectados durante años.
Según datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por su sigla en inglés), es el delito que más beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados miembros.
Siendo este tipo de fraude un fenómeno delictivo transfronterizo por definición, una vez que alcanza un nivel de complejidad comparable al investigado en la operación ADMIRAL es casi imposible de detectar.
La actuación de la Fiscalía Europea ha permitido investigar esta organización de forma global en toda Europa, haciendo uso de las herramientas y bases de datos nacionales y europeas y con el apoyo de la capacidad analítica y de investigación de la Oficina Central de dicha Fiscalía, así como de Europol y de las distintas autoridades nacionales involucradas
