La soprano Montserrat Caballé no se ha presentado al juicio en Barcelona al que estaba citada por su fraude a Hacienda y no ha justificado su ausencia al juez, que ha decidido suspender la vista en la que se esperaba que la cantante ratificara el acuerdo por el que reconoció el delito.
Fuentes judiciales han explicado que es la segunda vez que no se presenta al juzgado para ratificar el pacto -aunque en la primera ocasión sí lo justificó, alegando razones médicas-, y ahora el juez le hará un requerimiento para que explique por qué no ha acudido este martes.
El que era abogado de la soprano, Santiago Ayesta, presentó la semana pasado un escrito con el que renunció a defenderla por falta de confianza -y que ha ratificado este martes-, pero este hecho no eximía a la artista de presentarse en el juzgado.
El juzgado espera ahora que la cantante justifique el motivo de su incomparecencia, y previsiblemente volverá a señalar una fecha para el juicio y que designe a un nuevo abogado que la defienda en la causa.Si no, se le designará un abogado de oficio, aunque la minuta deberá correr a cargo de la artista, han precisado las citadas fuentes.
Caballé llegó a un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria en el que admitió un fraude de 508.562 euros al no pagar el IRPF de 2010 -vivía en Barcelona pero figuraba con residencia en Andorra para no tributar en España-, y aceptó pagar una multa de 254.231 euros además de devolver lo defraudado.
La soprano ya ha pagado la cantidad defraudada a falta de abonar también los intereses de demora y la multa, que se deberá liquidar una vez haya sentencia.
SEIS MESES DE PRISION
l acuerdo alcanzado a finales de 2014, que debería haberse ratificado este martes, incluye seis meses de prisión -aunque previsiblemente no entrará por no tener antecedentes y ser una pena menor de dos años- y la prohibición de recibir subvenciones públicas durante año y medio.
Un juzgado de Barcelona imputó a Caballé en abril de 2014, tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía que le acusaba de un delito contra la Hacienda Pública al concluir que, pese a vivir en España en 2010, figuraba como residente en el Principado de Andorra "a los solos efectos de no tributar en la Hacienda Pública Española".
