Es una nueva vuelta de tuerca de un caso de "okupación" difícil de entender. Los inquilinos de Eva dejaron de pagarle y se convirtieron en "okupas". Cuando intentaron desahuciarlos se vieron envueltos en un turbio problema de drogas que les condujo a la cárcel.
Ahora, desde la prisión piden un abogado de oficio para que impida su desahucio. Mientras Eva y su familia sigue sin poder entrar en su casa. Y eso que les ha llegado la cuarta orden de desalojo. "Llevan quince meses sin pagar y la cuarta orden de desahucio la han recibido en Alcalá Meco", nos cuenta Eva.
En el inmueble no vive nadie, relata esta angustiada propietaria que asegura que la puerta está "reventada" desde hace meses. La justicia no permite el cambio de cerradura ni asegurar la vivienda. Y además, los propietarios deben correr con los gastos de abogado y procurador. Una historia increíble que, de momento, está lejos de tener un final feliz.
En el programa 120 Minutos Eva no ha podido ocultar su frustración por una situación insostenible. Sin amparo de la justicia y según denuncia, con poco margen de maniobra para la Policía. "Para los impuestos sí que me llaman; pero cuando llamo a la Policía me dicen que me peine". Esta propietaria ha pedido al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska una solución para la pesadilla que viven miles de propietarios con sus casas "okupadas" en España.