La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciad que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno o ha avanzado en la tramitación de cuatro reformas legales en materia de regeneración democrática, transparencia y gobierno abierto en nuestra región.
El Consejo ha visto el anteproyecto de la reforma de la Ley orgánica del Estatuto de Autonomía, que ahora está pendiente del informe preceptivo del Consejo de Estado y ha anunciado la aprobación del proyecto de Ley de medidas de regeneración democrática que será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate.
REDUCE EL NÚMERO DE DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA Y SUPRIME LOS AFORAMIENTOS
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó además el proyecto de Ley de Medidas de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid y el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
El primero para su debate en la Asamblea y el segundo para su remisión al Consejo de Estado, que emitirá el preceptivo dictamen previo, según explicó su presidenta, Cristina Cifuentes, quien destacó la fijación del número de diputados regionales entre 80 y 100 y la eliminación de los aforamientos.
Cifuentes indicó que con estas iniciativas, que recogen las medidas incluidas en el Plan de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional quiere "eliminar privilegios, recuperar la ética de la política y hacer que los cargos públicos estén necesariamente al servicio de los ciudadanos".
Así, a través del proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía, y con el objetivo de "acercar los representantes políticos a los ciudadanos y que éstos tengan un mayor conocimiento de la realidad de su circunscripción, se limita el número de diputados de la Asamblea regional a un mínimo de 80 y un máximo de 100", frente a los 129 que existen en la actualidad.
Además, la norma introduce la posibilidad de establecer más de una circunscripción electoral en el ámbito de la Comunidad, señaló Cifuentes, quien manifestó que estos dos aspectos se concretarán por una Ley de la Asamblea.
Asimismo, añadió, y con el objetivo de eliminar ciertas prerrogativas de las que disfrutan los cargos públicos, y que a día de hoy han perdido su fundamento, se elimina el aforamiento para los diputados regionales y los miembros del Ejecutivo, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.
De esta manera, indicó, las responsabilidades penales a las que deban hacer frente serán exigibles ante el juez ordinario predeterminado por ley.
El proyecto también limita el mandato del presidente de la Comunidad a dos legislaturas, algo que ya han hecho otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, la Región de Murcia o Extremadura. Señaló que esta limitación se extiende a los vicepresidentes y consejeros para "evitar el riesgo de perpetuación en estos cargos".
LISTAS ABIERTAS PARA LA ASAMBLEA Y REFUERZO DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Por su parte, a través del proyecto de ley de medidas de regeneración democrática de la Comunidad de Madrid, se implanta un sistema de listas abiertas en las elecciones a la Asamblea, con el objetivo de "dar un mayor protagonismo a los electores, que adquieren así un mayor control en la designación de los candidatos que les van a representar".
Para ello, se exige que las listas electorales incluyan un 20% más de candidatos que de diputados a elegir en la circunscripción, de forma que cada elector pueda dar su voto a quienes desee hasta completar el número total de representantes de su circunscripción.
La norma también declara incompatible la condición de diputado con la de alcalde o concejal, para eliminar posibles conflictos de interés y garantizar una mayor independencia. De la misma manera, se declara la incompatibilidad de la condición de viceconsejero con la de diputado y se suprime la previsión legal de que los vicepresidentes deban ser miembros de la Asamblea.
Además, con carácter general, los diputados tendrán que tener "dedicación exclusiva para garantizar que todo su esfuerzo, capacidad y experiencia profesional se ponen al servicio de los ciudadanos".
Se exceptúa el desempeño de funciones representativas o de participación en órganos colegiados de municipios, corporaciones, fundaciones o similar, y sociedades dependientes; en entes, empresas o sociedades cuya designación corresponda a la Asamblea, la Administración regional o del Estado; las funciones docentes; las actividades de producción literaria, artística, científica o técnica, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios o similar; y la administración del patrimonio personal o familiar.
La norma fortalece el régimen de incompatibilidades de los altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese y no podrán realizar actividades privadas en entidades que haya resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado en ejercicio de su cargo ni podrán celebrar, por sí mismos o a través de entidades en las que participen con más de un 10%, contratos de servicios con la Administración regional, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.
Además, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio, ante el órgano al que se adscribe el Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
En el plazo de un mes, este órgano se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará a la persona interesada y a la entidad en la que fuera a prestar sus servicios.
GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto de Ley de gobierno abierto regula la participación ciudadana de modo individual o colectivo, y establece tres instrumentos: las aportaciones ciudadanas para conocer la opinión sobre cualquier tema mediante un canal abierto en internet; las consultas públicas que también incluyen la vía telemática y los procesos de deliberación participativa, que se abrirán a iniciativa de la administración.
Todos ellos serán procesos públicos pero "no vinculantes", según ha detallado la presidenta. La norma extiende las obligaciones de transparencia a toda la administración, a la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, los ayuntamientos, empresas públicas, partidos políticos, sindicatos, universidades públicas, así como organizaciones empresariales y entidades privadas que hayan recibido subvenciones públicas.
Fija unos contenidos mínimos de información que deben ofrecer sobre su funcionamiento, sus altos cargos, contratación, subvenciones y patrimonio, además de establecer un régimen sancionador por incumplimiento que prevé el cese de cargos públicos y sanciones económicas.
Por último, se ha dado visto bueno al proyecto de ley que regira el Tribunal de Contratación Pública autonómico, que pasará a llamarse Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia, que va a garantizar el acceso a la información, tramitar las sanciones a altos cargos y resolver cualquier asunto en materia de contratación.
