Empieza el juicio al exconseller Miquel Buch por dar escolta a Puigdemont tras el 155
- La investigación al escolta de Puigdemont no vio irregularidades en su nombramiento como asesor del exconsejero Buch
- La Fiscalía pide seis años de prisión y 27 de inhabilitación para Buch por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y para Escolà cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación
El juicio al exconseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch por presuntamente designar a un mosso -también acusado- como cargo de confianza para que escoltara al expresidente del Govern Carles Puigdemont en el extranjero, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha empezado este miércoles en la Audiencia de Barcelona.
El jefe de la investigación al escolta del expresidente del Govern Carles Puigdemont por presuntamente seguir protegiéndole en Bélgica tras el 155 ha declarado que no encontraron irregularidades formales en el nombramiento del policía, Lluís Escolà, como asesor del exconseller Miquel Buch, una designación que según la Fiscalía se hizo para que el mosso pudiera seguir protegiendo al expresidente.
Lo ha testificado el ahora jefe de la comisaría de Rubí (Barcelona) y entonces director de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos, Toni Rodríguez, en el juicio contra Buch y Escolà en la Audiencia de Barcelona.
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Rodríguez cree que, tras el 155 que cesó a Puigdemont, Escolà siguió escoltando al expresidente -al que ya había protegido durante su mandato- por afinidad, y ha destacado que los dos tenían "una gran relación, muy cercana, de mucha confianza".
"Es de suponer y es objetivo que Escolà, como tiene gran afinidad ideológica con las posturas independentistas y así lo había manifestado públicamente en Twitter, establezca esta relación de confianza con Puigdemont", ha añadido sobre la relación entre el policía y el expresidente.
En este juicio, la Fiscalía pide condenar a Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y para Escolà, que había sido jefe operativo de la unidad de escoltas de presidencia durante el mandato de Puigdemont, pide cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación como cooperador necesario.
