Gobierno y Telefónica desconfían del carácter amistoso de la entrada de capital saudí en la compañía

  • Las relaciones económicas y comerciales entre España y Arabia Saudí pueden complicar cualquier veto del Gobierno español
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La irrupción de la Saudi Telecom (STC) en el capital social de Telefónica, de la que ha adquirido el 10% de las acciones, sigue provocando la desconfianza del Gobierno y de la compañía de telecomunicaciones, que desconfían de su carácter amistoso.

Aunque los saudíes niegan este extremo, resulta difícil de creer que, con casi un 10% de Telefónica, el STC renuncie a estar en el Consejo de Administración de la compañía.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha señalado este viernes que el Gobierno estudiará "con mucho rigor" la entrada de Arabia Saudí en Telefónica por "incidir en un sector estratégico que es la defensa". "La prioridad para nosotros es que la defensa nacional estén siempre absolutamente protegidas", ha sostenido.

Álvarez-Pallete y su consejero delegado vuelan a Arabia tras irrumpir STC Group en Telefonica
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La adquisición por parte del grupo saudí, valorada en 2.100 millones de euros y que le convertirá en el primer accionista de Telefónica, requiere el visto bueno de Defensa, si bien Robles ha indicado que todavía no ha entrado formalmente ninguna petición en el ministerio.

En juego está mucho más que Telefónica. Los intercambios comerciales entre ambos países superan los 8.000 millones de euros.

En 2022 España exportó a Arabia Saudí casi 3.000 millones de euros y le importó productos y servicios por más de 5.000 millones, sobre todo hidrocarburos a causa de la guerra de Ucrania.

Arabia Saudí compró material de defensa a España por 460 millones en los tres últimos años.

El Gobierno analiza la compra del 10% de Telefónica para “preservar” la autonomía estratégica de España

Ha pasado a ser el segundo mejor cliente de la industria de defensa española, dejando a un lado socios la Unión Europea y de la OTAN, solo por detrás de Australia.

Empresas españoles como Renfe o Navantia, con intereses en Arabia, pueden verse afectadas por cualquier posible veto del Gobierno a la compra de acciones sobre Telefónica.

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