La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse citada a declarar como demandada por dos trabajadoras municipales

  • En la instrucción  por dos supuestos casos de acoso laboral contra dos trabajadoras cuando era alcaldesa de Móstoles
Foto: Emision Tn |Vídeo: Telemadrid

La exalcadesa de Móstoles, Noelia Posse tenía hoy nueva cita en los juzgados, en esta ocasión, en los de lo Social por dos denuncias contra ella por acoso laboral. Está previsto que en breve se abra juicio oral contra Posse por la condonación que hizo cuando era alcaldesa de la deuda de una empresa de ITV. Hoy, en la instrucción por estos dos supuestos casos de acoso laboral, al entrar, ha negado que ordenara la destitución del cargo de responsabilidad de una de las demandantes.

Dos trabajadoras municipales han presentado una demanda contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) y contra el Ayuntamiento por un presunto caso de "acoso laboral", reclamando además en concepto de indemnización por daños y perjuicios una cantidad cercana a los 100.000 euros.

Según ha adelantado el diario ABC y ha confirmado Efe, la exregidora socialista, que hoy en día es portavoz del grupo municipal, ha sido citada a declarar este miércoles como consecuencia de estas demandas, aunque por el momento no lo ha hecho en calidad de investigada.

En sendas demandas, a las que ha tenido acceso Efe, las dos trabajadoras alegan que en mayo de 2021, cuando Posse estaba al frente del Ayuntamiento, fueron "apartadas" de su cargo como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores de forma "arbitraria e injusta".

En concreto, en su relato aseguran que fueron apartadas de sus puestos, supuestamente, tras acudir "a una asamblea sindical de interinos" realizada el día 6 de mayo en el marco del proceso de negociación para la consolidación del personal temporal en el Consistorio mostoleño.

Según denuncian estas dos trabajadoras municipales, la entonces alcaldesa dio orden a los titulares de ambas concejalías (Aitor Perlines y Angela Viedma, ambos del PSOE) para que se las restituyera de forma inmediata "a sus anteriores posiciones de auxiliar administrativa".

En este sentido, insisten en su denuncia en que lo hicieron "sin justificación alguna" y por "pura represalia" tras manifestar ambas en la reunión sindical "su disconformidad a que su sindicato (UGT) reiniciara las negociaciones con el Ayuntamiento".

Además, según indican ambas trabajadoras en sus demandas, ambos concejales "se negaron a la medida indicada desde Alcaldía al no existir motivos objetivos que justificaran dicha decisión", ya que "se mantenían las necesidades que justificaron su adscripción al puesto de secretaria".

De esta manera, la alcaldesa tuvo entonces que "ratificar personalmente a los dos ediles la orden de los ceses", mientras que los dos concejales del PSOE hicieron constar expresamente que dichos ceses se realizaban por orden expresa de la entonces alcaldesa, tal y como obra en el expediente administrativo del Ayuntamiento. "La decisión adoptada e impuesta por Noelia Posse como alcaldesa es totalmente arbitraria e injusta, contraria a la legalidad", insisten las dos demandantes, que reiteran que la decisión "fue adoptada en represalia por sus intervenciones en una asamblea del sindicato".

La alcaldesa de Móstoles Noelia Posse descarta su dimisión y la de su gobierno municipal
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Una de las trabajadoras, además, ha expuesto que estuvo de baja por incapacidad temporal desde su cese (11 de mayo) hasta el 30 de septiembre de 2021 derivada de un estado de ansiedad y que requirió de tratamiento médico y psicológico durante 142 días.

Por el momento, la exalcaldesa ha sido citada a declarar este miércoles 21 de febrero en el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, aunque lo hará en calidad de demandada, ya que del caso todavía no se ha derivado ninguna imputación.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles archivó en junio de 2022 una querella de estas dos trabajadoras municipales al entender que no se desprendían elementos que pudieran ser constitutivos de infracción penal. Aún así, el Juzgado dejaba a salvo el derecho para hacer valer las pretensiones de las demandantes ante el órgano jurisdiccional competente, en este caso el Juzgado de lo Social, como así hicieron ambas demandantes.

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