La presidenta del Tribunal de Cuentas asegura que los contratos de la pandemia “se ajustaron a la ley”
- Asegura que se produjeron algunas “deficiencias e irregularidades”, pero “con carácter general el uso de la tramitación de emergencia y los contratos examinados fueron ajustados al derecho” y "se ajustaron a la ley"
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, aseguró en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que los informes que su organismo aprobó sobre los contratos sanitarios realizados por la Administración General del Estado durante la covid-19 señalan que se produjeron algunas “deficiencias e irregularidades”, pero “con carácter general el uso de la tramitación de emergencia y los contratos examinados fueron ajustados al derecho” y "se ajustaron a la ley".
Así se pronunció Chicano durante su comparecencia este lunes en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación en torno a los procesos de contratación de material sanitario durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19.
Esta comisión contó también con la intervención de los portavoces del PP, José Vicente Marí Boso; del PSOE, Mercedes González Fernández; de Vox, Carlos Flores Juberías; de Sumar, Engracia Rivera Arias; de ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal; y del Grupo Mixto, Cristina Valido García.
Chicano reiteró en varias ocasiones que los precios que se pagaron por la adquisición de material sanitario como mascarillas, guantes o gel hidroalcohólico durante la pandemia “respondieron al comportamiento normal del mercado en aquellas fechas”, que aseguró que se trataba de un mercado “caótico” y “muy tensionado”.
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Según la presidenta del Tribunal de Cuentas, a pesar de que la contratación de emergencia de material sanitario permitió la entrada en el sistema de algunos “agentes oportunistas”, como ya apuntó la Unión Europea, tanto el Ministerio de Sanidad como los organismos autónomos de carácter estatal "se ajustaron a los precios establecidos y actuaron de la mano de la ley”. Además, hizo hincapié en que “se han encontrado irregularidades y deficiencias administrativas”, pero “no delitos contables”.
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Chicano defendió el informe de fiscalización de 2023 elaborado por su Tribunal y aseguró que “en ningún caso se blanquearon actuaciones irregulares de ninguna administración”. “En algunos organismos se pidieron hasta cinco informes”, explicó la presidenta en esta línea.
