Hoy entra en vigor el real decreto del ministerio de Fomento que persigue acabar con la guerra que hemos vivido este verano entre el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC. El decreto traslada a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos la regulación de los VTC con una moratoria de cuatro años para que adapten la legislación.
Esta moratoria permite a los titulares de las autorizaciones de VTC existentes a la entrada en vigor de este real decreto ley o cuyas solicitudes estuvieran pendientes de resolverse seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora.
Tras ese período, las autorizaciones de VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos.
La nueva norma abre no obstante puerta a que a partir de esos cuatro años, y el plazo adicional para las que recurran y logren más tiempo, los ayuntamientos supriman el número de VTC que consideren en sus territorios.
Una vez concluya la moratoria, para realizar trayectos urbanos, las VTC tendrán que pedir una nueva autorización de servicio dentro de una misma ciudad a los correspondientes ayuntamientos.
Estos ayuntamientos podrán disponer el número de autorizaciones que dan, bien en función de la proporción de una por cada treinta taxis que se fijó en 2015 y actualmente está ampliamente sobrepasada, o de la que estas administraciones decidan. Ello en la práctica supondrá la desaparición de miles de licencias urbanas actuales.
Las VTC tienen tres meses para presentar reclamaciones al Decreto de Fomento y podrían lograr un máximo de dos años de moratoria adicionales a los cuatro que fija la ley.
Telemadrid ha hablado con los taxistas y con los conductores de Uber y Cabify.
