El abogado que denunció el 8-M pide a la juez que impute a Simón por su gestión

El abogado Victor Valladares, que fue el que presentó la denuncia que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por posible prevaricación al no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid, ha pedido este jueves a la juez de instrucción número 51 de Madrid que llame a declarar en calidad de investigado al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, al que acusa de los delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y también de denegación de auxilio por parte de la Administración (artículo 412).

En un escrito elevado este jueves a la juez Carmen Rodriguez-Medel, la acusación popular también insta a la juez a que ordene que se le remitan todas las comunicaciones existentes en relación al coronavirus entre el Ministerio de Sanidad y el , "a fin de acreditar la existencia o no de requerimientos del primero de los organismos al segundo".

En un escrito ampliatorio, esta parte solicita igualmente a la instructora del caso que llame a declarar a los convocantes de hasta doce manifestaciones que fueron canceladas por la Delegación del Gobierno tras el 8 de marzo mediante una llamada telefónica a los organizadores, un dato que fue revelado por el informe de la Guardia Civil remitido a la causa.

Recuerda el abogado que estas llamadas no aparecen registradas en los archivos de la Delegación por lo que considera que fueron "canceladas sin motivación alguna y sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente".

Al hilo de las llamadas que los promotores de 12 manifestaciones dijeron a la Guardia Civil que recibieron desde la Delegación del Gobierno, la asociación cree que Franco pudo incurrir en la "perpetración de un nuevo hecho delictivo, como es el que afecta al ejercicio de derechos fundamentales". El escrito menciona un "delito continuado cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, y concretamente el de manifestación, contemplado en el artículo 514.4 del Código Penal", por lo que solicita a la juez Rodríguez-Medel que Franco sea imputado también por este delito.

Basándose en el informe que hizo la Guardia Civil, la asociación concluye que esas 12 convocatorias "fueron canceladas por la Delegación del Gobierno, esto es, por el investigado, mediante una llamada telefónica a los convocantes, la cual no aparece registrada en los archivos de la Delegación, convocatorias canceladas sin motivación alguna y sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión".

Flagrante dejación de funciones de Simón

El escrito destaca la condición de funcionario de Simón y su retribución como director del CCAES (26.405,82 euros) y hace alusión a las "contradicciones" en sus comparecencias públicas, que a su juicio han supuesto una "flagrante dejación en sus funciones así como obligaciones contenidas en la Orden Ministerial" que regula sus funciones, "poniendo en peligro la salud pública, e integridad física de todos los españoles y residentes en España".

Entre esas contradicciones, cita las referidas a la utilización obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realización de tests serológicos, la falta de información veraz del número de fallecidos por coronavirus, "la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia de coronavirus, afirmando que habría hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organización Mundial de la Salud y de la UE", que "animara" a la asistencia a la marcha feminista.

Sobre este último punto, el denunciante alude a unas manifestaciones del 7 de marzo de 2020, cuando el Simón declaró en referencia a la manifestación del 8M: "si mi hijo me pregunta sí puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera". "No obstante, según confesó ese mismo día, suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo en relación con el coronavirus", añade.

Simón no se plantea dimitir y desconoce qué hay contra él

El doctor Fernando Simón ha afirmado este jueves que no se plantea dimitir porque no le parece profesional "abandonar el barco" sólo para evitar las críticas o la sobreexposición en los medios. En rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa ha dicho que "no he recibido nada" en relación a al denuncia formulada contra él en los tribunales, aunque se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia si se le solicita alguna información o comparecencia porque, ha remarcado, no tiene "nada que ocultar".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que él no va a dejar de hacer su trabajo "con todo el esfuerzo que pueda", pero se echará a un lado si el Gobierno decide sustituirle. Pero ha descartado abandonar por iniciativa propia. "Es una cuestión de profesionalidad".

La labor de Simón ha sido ensalzada por el ministro Illa, quien ha manifestado que se sentía "orgulloso" de contar con él al frente del Centro de Coordinacvión de Emergencias y Alertas Sanitarias, donde ha realizado un "servicio ejemplar durante toda la pandemia.