Los usuarios de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid podrán recibir, una vez la región entre en la fase 2 de la desescalada, la visita semanal de un familiar, mediante cita previa y siempre que se trate de internos a los que se haya realizado una prueba PCR con resultado negativo. Es una de las medidas que recoge el plan de desescalada para centros sociosanitarios de la Comunidad, que este lunes ha detallado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, en la comisión del ramo de la Asamblea.
En las residencias de mayores, en la fase 1 se ha iniciado la reactivación de las terapias ocupacionales y de fisioterapia para los residentes más necesitados por su deterioro físico o cognitivo. Progresivamente se reactivarán el uso de los comedores y actividades de higiene sociosanitaria como podología o peluquería, y se arbitrará un sistema de salida a espacios comunes.
Será en la fase 2 cuando comiencen las "visitas familiares semanales", de modo que se garantice "absolutamente" la seguridad tanto de usuarios como de visitantes.
En los centros de día ya se están preparando los espacios para la apertura en siguientes fases, aunque esta sólo se contemplará donde pueda garantizarse una entrada independiente del centro residencial donde, en su caso, estén integrados. En la fase 2 de la desescalada se restablecerá el servicio para aquellos usuarios con mayor vulnerabilidad que hayan dado resultado negativo en una prueba PCR.
El aforo de los centros estará limitado al 50%, y se podrán determinar turnos de atención para facilitar la entrada y salida de usuarios, a los que, a su llegada al centro, se tomará la temperatura.
También se organizará el transporte de manera que no se trasladen más de cuatro personas en cada trayecto.
En cuanto al ámbito de la discapacidad, ya se está produciendo la reincorporación gradual en los centros de atención temprana, de atención diurna a la enfermedad mental, de rehabilitación laboral, de rehabilitación psicosocial y centros de día. En todos los casos la atención presencial será individualizada, priorizando a los usuarios con mayor necesidad de apoyo. En la fase 2 se reanudarán las actividades grupales en centros diurnos y de atención temprana, limitando el aforo, con horarios escalonados y con distintas medidas para garantizar la seguridad. También se admitirán altas de nuevos usuarios en los centros y, si la situación epidemiológica lo permite, se flexibilizarán las medidas de visitas a los centros residenciales. Y en la fase 3 se iniciarán las actividades en el entorno comunitario y volverán a darse permisos a los residentes.
Reyero ha defendido que, en general, la situación en las residencias "está estabilizada", si bien ha subrayado que no se puede "bajar la guardia, porque en cualquier momento pueden ocurrir determinados brotes".
Ha apuntado, por ejemplo, que en las 25 residencias de mayores públicas que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) se han hecho pruebas PCR "a la totalidad de los residentes", con un total de 8.551 test hasta el 25 de mayo. En estos centros, el 4% de los residentes ha dado positivo por COVID-19 y ha mostrado síntomas, el 13,8% ha dado positivo pero es asintomático y el 82,1% ha dado negativo.
Entre el 8 de marzo y el 30 de mayo, en los centros de servicios sociales con carácter residencial de Madrid murieron 5.987 personas con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.
Polémica por los protocolos
El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se ha mostrado este lunes "radicalmente en contra" de los criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores en pleno pico de la pandemia del coronavirus.
Reyero ha dicho que tanto en reuniones como por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su posición rotundamente contraria. "La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", ha afirmado el consejero, quien ha recordado que el CERMI expresó su inquietud por estos protocolos.
Reyero ha precisado que dichos protocolos son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. "Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho", ha reiterado Reyero, quien se ha mostrado "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante esta pandemia.
También ha lamentado que el Ministerio de Derechos Sociales no haya publicado las cifras de toda España de mortalidad en residencias por Covid, a pesar de que desde hace casi dos meses cada comunidad les facilita las cifras dos veces por semana. Reyero ha tomado los datos periodísticos que revelan que son más de 19.000 los residentes fallecidos por Covid en España, por lo que en la región serían el 31 por ciento. "Teniendo en cuenta que los fallecidos totales dados por el Ministerio de Sanidad son más de 27.000, el 34 por ciento de ellos en Madrid. Estamos hablando de porcentajes similares en ambos casos. Ha habido un problema en la Comunidad de Madrid, pero también en toda España. No hay una excepción madrileña. Hay muchos factores a tener en cuenta. Uno puede ser el modelo de gestión, otro el tamaño de las residencias, la propia infraestructura de la residencia, etcétera", ha remarcado.
Los grupos de la Cámara
La portavoz socialista de Políticas Sociales en la Asamblea, Purificación Causapié, ha subrayado que las órdenes dadas para restringir los ingresos de pacientes procedentes de residencias en hospitales son varias y están firmadas por cargos públicos, por lo que ve "imprescindible" que la comisión de investigación estudie lo ocurrido. Por otro lado, ha criticado la "falta de control y estructura para vigilar" de la Consejería respecto a las residencias privadas y concertadas de la región, que son la inmensa mayoría; y la tardanza en la zonificación de muchos geriátricos por el coronavirus.
Por su parte, la diputada del PP Dolores Navarro ha criticado la compra de test falsos, la requisa de aduanas y la "descoordinación y el desgobierno" del Ejecutivo central en esta crisis. "El mando único de Pablo Iglesias en residencias ni está ni se le espera y politiza el dolor. Madrid ha trabajado sin descanso. La compra de los EPIs por parte de la Comunidad fue un respiro para los trabajadores de residencias es. Madrid no tiene una tasa de mortalidad más alta de residencias de toda España", ha resaltado. Sobre el rechazo a hospitalizar a usuarios de geriátricos, ha indicado que prevalecieron los criterios médicos y que los protocolos mencionados solo eran "un borrador que se corrigió, que solo planteaban que con en casos de terminalidad se diera el mismo tratamiento en su residencia".
Por su parte, la diputada de Cs Carlota Santiago ha reconocido que en Madrid, al igual que en el resto de España, faltaron equipos de protección individual y test en el pico de la pandemia; pero que ahora la situación "ha mejorado mucho" gracias a las intervenciones del Platercam y de las Fuerzas Armadas. "Las residencias no están preparadas para solventar una pandemia de estas características. Por eso es necesario pacto para elaborar un respuesta conjunta para salir de esta crisis", ha lanzado.
Para el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, la página web de la Comunidad de Madrid está "llena de información falsa", ya que habla de la medicalización de residencias cuando no se ha realizado ninguna o de la intervención en más de un centenar cuando al intervención directa de la Comunidad ha sido en 14, al tiempo que se ha quejado de que no cuentan con datos desagregados de afectados por residencia. Delgado ha llamado "cobarde" a Ayuso por "cargarle el mochuelo" de las denegaciones de derivaciones de residentes a "los pobres trabajadores" médicos. "La presidenta se ha negado a responder si existían protocolos pero hay varios".
Por su parte, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha criticado la "descoordinación total" que ha habido en esta crisis en los geriátricos madrileños y ha apuntado al consejero como "responsable por encima de los demás". "Usted como cabeza tenía que haberse impuesto y si no lo conseguía, se tenía que haber retirado", ha dicho a Reyero, a quien también ha afeado que cree un plan de contingencia con 20 millones de euros a entidades sociales, a las que ha tildado de "chiringuitos", para atener a los más afectados económicamente por la pandemia.
Por último, la diputada de Unidas Podemos Paloma García también ha insistido en que los protocolos para no atender a determinados residentes en hospitales "no eran un borrador", sino una "eugenesia para personas con discapacidad, una vergüenza que no es ético ni legal". También ha asegurado que la Comunidad no ha cumplido los autos judiciales que piden la medicalización de geriátricos en Leganés y Alcorcón.
