La Audiencia Nacional ha levantado parcialmente el secreto de la causa de Nueva Rumasa, el conglomerado de empresas que se investiga en relación con las 13 emisiones de pagarés que afectan a 4.110 inversores, a las que destinaron 337,37 millones.
Según figura en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Efeagro, la medida se adopta en relación con la pieza separada, a excepción de una parte cuyo secreto parcial se prorroga por el plazo de un mes, con el objetivo de que las partes personadas puedan acceder a su contenido y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Además, el auto acuerda citar el próximo 1 de marzo en calidad de imputados a Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, por su presunta participación en los hechos que se investigan, mientras que tomará declaración en calidad de testigos a José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa, Pere Varias Font, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado y Rufino Martín-Maestro.
Hace referencia a las conclusiones del Informe V, elaborado como resultado de las diligencias practicadas por la Policía, la Unidad de Delincuencia Económica, la Fiscalía, la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Comisaría de Policía Judicial del CNP, así como a las de los cuatro anteriores.
Entre ellas figura que las empresas de Nueva Rumasa "sufrían un situación de extrema falta de liquidez", provocada por una gestión de caja de las empresas por parte de la familia.
Para ello, "idearon la emisión de pagarés, pero el resultado les sobrepasó, dada la enorme demanda que generaron y a sabiendas de la complicada situación en la que se encontraban sus sociedades y de las enormes dificultades que tendrían el día de mañana para poder responder a los intereses y el principal invertido".
El auto recoge que, en principio, pudieron cumplir con sus obligaciones respecto a los intereses y la devolución del principal", muy probablemente gracias a un efecto piramidal; los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones y cuando llegaba la fecha de recuperar el principal eran convencidos para reinvertir.
En el texto se indica que con una campaña publicitaria que no reflejaba fielmente la realidad de la inversión, lograron captar, según los datos aportados por los Ruiz-Mateos a 4.110 inversores, que destinaron 337,37 millones de euros a estas 13 emisiones.
Sin embargo, los listados detectados en los que figuran nombres en clave para identificar a los inversores, tanto en Jerez de la Frontera (Cádiz) como en Madrid, hacen sospechar que probablemente hubo ciertas cantidades entregadas en dinero en efectivo o en "B", y por lo tanto no fueron declaradas debidamente ante la Hacienda Pública.
La investigación policial recoge un total de 716 nombres de diferentes "clientes" o inversores, y un montante efectivo líquido invertido por este concepto, que ascendería a 146,63 millones.
Según se recoge en el auto, Bardajera, la sociedad que gestionaba la caja única oficial de Nueva Rumasa, recibió desde su constitución y hasta el 15 de abril de 2011 más de 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, gran parte de ellos procedentes de los inversores de pagarés.
Este dinero sirvió para inyectar liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, devolver parte de los intereses de los pagarés que iban venciendo, pagar las hipotecas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos y para aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia y para mantener su alto nivel de vida.
Además, desde las cuentas de Bardajera se sacaron en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.
Según figura en el auto, tras la "caótica situación de Nueva Rumasa, decidieron recurrir a Ángel de Cabo, propietario de una empresa especializada, "al parecer en reflotar o en su caso liquidar" sociedades que se encuentran en situación de crisis, quien en septiembre adquiere numerosas empresas de Nueva Rumasa.
El texto recoge que Ángel de Cabo Sanz "podría haber firmado un acuerdo privado con José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada en el que se repartirían los beneficios que pueda obtener Ángel de Cabo de la liquidación de las empresas del grupo.
