La Comisión Europea (CE) decidió que la compensación notificada por España a empresas privadas de radiodifusión en el periodo de transición de las señales analógicas a digitales, en el que estaban obligadas a transmitir de forma simultánea, violan las normas de la Unión Europea (UE).
"La ayuda va en contra del principio de neutralidad tecnológica y no es necesaria ni proporcionada", afirmó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien aclaró que España ya ha finalizado el cambio a la frecuencia digital "sin que se haya concedido ayuda estatal" por lo que "no se exigirá la recuperación".
La CE considera que la medida favorecía "selectivamente" a los operadores de TDT "en detrimento de organismos de radiodifusión y operadores de plataformas alternativas" por lo que "falseaba la competencia en el mercado único". Sin embargo, la medida, notificada por las autoridades españolas en 2011, no ha llegado a tener efecto pues España ha concluido ya el cambio de frecuencia y los organismos privados han garantizado y financiado la emisión simultánea por propia iniciativa.
La decisión solo afecta a los organismos privados de radiodifusión, dado que España retiró la parte de la notificación relativa a los organismos públicos, ya que se les había compensado por su misión como prestatarios de un servicio público.
En un comunicado, la CE argumenta que "la ayuda concedida debe ser proporcionada a los objetivos" y "ser tecnológicamente neutra, es decir, que la subvención debe estar abierta a todos los operadores".
"La investigación de la Comisión confirmó que el apoyo de España para la transición de la televisión analógica a la digital solo se ofreció a las emisoras de televisión digital terrestre (TDT) en detrimento de otras plataformas, como las de satélite, cable o televisión a través del Protocolo de Internet (IPTV)", apunta.
Según la CE, España "no justificó adecuadamente las razones por las que no estaría justificada en este caso la aplicación del principio de neutralidad tecnológica". "Cualquier excepción a este principio debería justificarse debidamente sobre la base, por ejemplo, de un estudio previo independiente, con la correspondiente consulta del mercado, que demuestre la eficacia de la plataforma de TDT frente a plataformas alternativas", subraya.
La CE también destaca que España "tampoco pudo demostrar que fuera necesaria una ayuda pública a la reasignación de frecuencias para garantizar la correcta transición de la emisión analógica a la digital".
"Al contrario, la Comisión constató que las empresas privadas de radiodifusión habrían garantizado la emisión simultánea en cualquier caso, a fin de no perder espectadores. Además, España no aportó ninguna prueba, como un estudio independiente de costes, que demostrara que la ayuda era proporcionada", añade.
La CE abrió en 2012 una investigación para dilucidar si las compensaciones propuestas por España a los difusores de televisión digital terrestre (TDT) para liberar espectro radioeléctrico se ajustaban a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.
Las autoridades españolas pidieron a las televisiones emitir simultáneamente tanto a nivel analógico como digital durante un periodo de transición de entre seis y 24 meses, mientras los ciudadanos adaptaban sus televisores para recibir la señal digital. Esta operación entrañó costes adicionales para los radiodifusores, por lo que España puso en marcha un plan para compensarles
