El Ministerio de Economía incluye "por error" una tasa de 250 euros por reclamar abusos de la banca

  • La tasa la pagarán únicamente las entidades financieras objeto de las reclamaciones
Personas esperan a las puertas de una oficina del Banco Santander
Personas esperan a las puertas de una oficina del Banco Santander |EUROPA PRESS

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluyó "por error" en el articulado del anteproyecto de ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero que la tasa de 250 euros por reclamar “irregularidades” de la banca la paguen los usuarios.

Así lo confirmó el departamento de Nadia Calviño a FACUA al tiempo que precisaba que "los servicios a los usuarios son gratuitos", según apuntó la organización este miércoles en una nota.

El gabinete de Calviño reconoció que es “cierto” que en el articulado de la norma “se recoge por error que la tasa la pagan las entidades financieras y los clientes” e informó “oficialmente” a Facua de que “se trata de un error" como, a su entender, "se constata en la exposición de motivos del anteproyecto de Ley".

Tras aseverar que dicha tasa la pagarán únicamente las entiddes financieras objeto de las reclamaciones, Asuntos Económicos subrayó que, “detectado el fallo, se informará del mismo a los órganos consultivos a los que se envió el proyecto de ley para que lo tengan en cuenta".

ALEGACIONES

Facua había denunciado que la disposición adicional primera del anteproyecto recogía como "sujetos pasivos" de la tasa "a las entidades financieras" y a "los clientes", lo que, a su entender, “podía suponer un grave obstáculo” para aquellos usuarios que reclamen y que “hubieran tenido que hacer frente a una cantidad adicional sólo para poder defender sus derechos".

En sus alegaciones al anteproyecto de ley, la asociación también había recogido otra serie de propuestas y medidas del texto que consideraba “inadecuadas”, entre las cuales mencionó el plazo máximo de un año para reclamar ante la Autoridad Independiente, el hecho de que sólo sean vinculantes las resoluciones por cuestiones económicas de menos de 20.000 euros y que se pueda sancionar a los usuarios si interponen una reclamación en la que se aprecie "temeridad" o "mala fe".