La caída de la natalidad y el aumento de la longevidad están provocando una drástica recomposición por edades de la población que tendrá efectos no solo en el tamaño de la fuerza laboral o la evolución de la productividad, sino también en la demanda de bienes y servicios o en las prioridades en el gasto público de los gobiernos.
Es una de las conclusiones de un monográfico que ha dedicado la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) al cambio demográfico y su impacto en la economía española.
El estudio advierte del rápido envejecimiento de la población trabajadora en España, cuya edad media ha aumentado en más de cuatro años en lo que va de siglo, y sus consecuencias económicas. El envejecimiento es especialmente intenso entre los trabajadores no asalariados, varones, asalariados del sector público, empleados de empresas pequeñas y comunidades autónomas del norte-occidental de la península.
Respecto a los perfiles de ingresos laborales por edad, se observa una desaceleración de los ingresos a partir de los 45 años y una caída acusada a partir de los 60 años que sugiere una intensa disminución de la productividad en esos grupos de edad.
Si entre 2002 y 2022 la población ocupada aumentó en torno al 18%, la población ocupada de 50 años o más se multiplicó por más de dos, mientras que la población ocupada de 16 a 29 años se redujo a la mitad.
Este fenómeno, que complica la sustitución generacional de trabajadores en todos los segmentos del mercado de trabajo, afecta al crecimiento agregado de la productividad, principal motor del crecimiento económico a largo plazo. Para frenar y revertir este proceso de envejecimiento y, por tanto, evitar el potencial efecto en la estructura productiva, son claves la inmigración y la natalidad, según los expertos de Funcas.
El informe estudia la evolución de la tasa de natalidad en España, una de las más bajas de la OCDE, originada, entre otras razones, por la inestabilidad laboral, que se deriva de la alta incidencia de los contratos temporales, y el elevado desempleo en España.
Además, la escasa flexibilidad laboral y, en concreto, la elevada incidencia de la jornada partida, desincentiva la natalidad entre las mujeres con un mayor coste de oportunidad de abandonar el mercado de trabajo, como es el caso de aquellas con estudios universitarios.
De acuerdo con la evidencia disponible, las medidas con un mayor potencial para elevar las tasas de natalidad serían aquellas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. En particular, las que reducen el coste de la participación laboral de las madres, tales como la financiación de guarderías o las ayudas directas a madres trabajadoras, así como las que minoran la incidencia de la jornada partida, como, por ejemplo, las restricciones explícitas al uso de este tipo de jornada.
Por supuesto, la adopción de otras medidas que contribuyan a reducir la inestabilidad de las relaciones laborales tendría también un impacto positivo sobre la fecundidad.