El Gobierno, los sindicatos y la patronal han acordado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 del 5,5 %, hasta 950 euros brutos mensuales, ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Este incremento supone 50 euros más respecto a los 900 euros fijados para 2019, tras un alza histórica del 22,3%.
El acuerdo se ha cerrado en la reunión que esta tarde han mantenido la ministra Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.
La ministra ha confirmado que la subida tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, aunque "por prudencia" no ha confirmado si se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes o en el siguiente. El alza se aprueba por real decreto, figura legislativa que no requiere de convalidación parlamentaria, ya que es potestad del Ejecutivo.
Díaz destacó sentirse “muy contenta” por este acuerdo y valoró que los agentes sociales “han elevado la mirada” con este incremento. Además, subrayó que “este es el primer gran acuerdo social de esta legislatura”.
Un día muy feliz
"Hoy es un día muy feliz para la democracia y para el conjunto de los trabajadores", ha afirmado la ministra, que ha recordado que aunque el alza impacta directamente sobre un colectivo de alrededor de 2 millones de trabajadores las subidas del salario mínimo tienden a arrastrar este aumento al conjunto de las remuneraciones.
Además, ha negado categóricamente que la subida del SMI tenga un impacto negativo sobre la creación de empleo y ha asegurado que las dificultades de las que se quejan los empresarios agrícolas, por ejemplo, se deben a "factores estructurales graves" que no tienen que ver con los costes laborales sino con la estructura de precios del sector.
El acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para gobernar en coalición recoge un incremento del SMI hasta situarlo en el 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023, lo que equivaldría a unos 1.200 euros, como recomienda la Carta Social Europea.
Díaz ha querido ceder el protagonismo a los agentes sociales, de quienes ha alabado su flexibilidad para una negociación en la que "todos han cedido".
"A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos (de 950 euros) porque el impacto de la subida de 2019 ha sido muy importante, (...) pero nos preocupaba más llegar a 1.000 euros, porque no era la cantidad adecuada", ha dicho el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Ha reconocido que lo mejor es negociar y ha mostrado su voluntad de mantenerse en la mesa de diálogo social para todas las medidas que el Gobierno quiere llevar a cabo.
"950 euros no es bueno, pero menos malo que subir a 1.000 euros", ha asegurado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha pedido al Ministerio de Trabajo que tenga en cuenta a las empresas a la hora de hacer política.
Un SMI de 1.000 euros era a lo que aspiraban los sindicatos, si bien se han felicitado por haber conseguido un pacto en el marco del diálogo social que abre la puerta a futuros acuerdos. "Este acuerdo posibilita que el acuerdo para la negociación colectiva (AENC) firmado con CEOE pueda desarrollarse (...) No hay excusas para que el 1 de enero de 2021 todos los salarios en convenio sean como mínimo de 1.000 euros", ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la subida del SMI es "una buena noticia económica para España", ya que "no está demostrado que subir el SMI afecte al empleo, sino todo lo contrario" porque activa el consumo y la economía.
El Gobierno derogará por fases la reforma laboral
El Gobierno va a aprobar "en breve" un decreto ley para derogar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado, ha avanzado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La medida ha sido comunicada por Díaz a los agentes sociales durante la reunión en la que se ha fijado la subida del salario mínimo para 2020 y se enmarca en el compromiso del Gobierno de coalición de abordar con carácter urgente la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP de 2012.
En rueda de prensa, la ministra ha explicado que el decreto ley está "redactado y listo", pero que aún queda por recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere de la convalidación parlamentaria.
El Tribunal Constitucional avaló el despido por absentismo en una sentencia conocida el pasado mes de octubre, si bien la ministra ha recordado que existe otra sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en sentido contrario que obliga a España a corregir este aspecto de la normativa laboral.
La ministra va a convocar a los agentes sociales la próxima semana para tratar la modificación de otros aspectos de la reforma laboral, con la idea de comenzar por las cosas que en el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos se catalogaron como más urgentes, ya que considera que hablar de la contratación o el despido requiere más tiempo.
