El Gobierno de Japón aprobó este viernes un presupuesto de emergencia de 4 billones de yenes (más de 48.000 millones de dólares o 33.000 millones de euros) para financiar un costoso plan de reconstrucción que le permita dejar atrás su peor crisis tras la II Guerra Mundial.
Con más de 27.000 muertos y desaparecidos, 68.000 viviendas destruidas, 130.000 evacuados y una situación incierta en la planta nuclear de Fukushima, el seísmo del 11 de marzo ha obligado a Japón a reducir fondos de programas sociales o de ayuda al desarrollo para poder costear la salida del desastre.
El presupuesto extra concluido hoy, que previsiblemente se verá seguido de otro más e incluso de un tercero, se presentará en la Dieta (Parlamento) el próximo jueves y podría recibir la luz verde el 2 de mayo, según fuentes gubernamentales. Su cuantía está por encima de las tres partidas de emergencia que aprobó Japón tras el devastador terremoto de Kobe de 1995, que sumaban 3,23 billones de yenes (unos 39.000 millones de dólares, 27.000 millones de euros) destinados, sobre todo, a reconstruir infraestructuras.
También en el presupuesto extra actual la mayor partida (1,2 billones de yenes, ó 14.500 millones de dólares, 10.000 millones de euros) servirá para levantar de nuevo pueblos enteros y reparar carreteras, puentes, puertos y vías ferroviarias arrasadas por el terremoto y el tsunami.
Otros 360.000 millones de yenes (4.300 millones de dólares, 3.000 millones de euros) se destinarán a construir casas temporales, 30.000 de las cuales podrían estar listas para finales de mayo, detalló el primer ministro, Naoto Kan, al referirse al presupuesto. Además, cerca de 350.000 millones de yenes (4.250 millones de dólares, 2.930 millones de euros) financiarán la retirada de las toneladas de escombros que se amontonan a lo largo de decenas de kilómetros en las costas de Miyagi, Fukushima e Iwate, las tres provincias más afectadas.
El resto de las partidas servirán entre otras cosas para indemnizar a las víctimas, promover la actividad empresarial y fomentar el uso de generadores de energía, ante los problemas en varias plantas térmicas y nucleares causados por el tsunami.
La catástrofe sacudió la economía de Japón en un momento delicado: sobre el país pesaba una recuperación estancada ante la reducción de las exportaciones, una persistente deflación y unas finanzas ahogadas por una exorbitante deuda pública.
SOLO UN 0,8% DE CRECIMIENTO ESTE AÑO
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el desastre hará que el crecimiento económico de Japón sea este año de un 0,8 por ciento, la mitad de lo esperado. El Gobierno nipón aseguró hoy que los fondos que destinará a la etapa inicial de la reconstrucción no aumentarán aún más su elevada deuda, ya que no prevé emitir nuevos bonos sino desviar partidas previstas para otros proyectos.
Así, el grueso del presupuesto, 2,5 billones de yenes (30.300 millones de dólares, 20.900 millones de euros), los obtendrá de los fondos que planeaba invertir en el programa estatal de pensiones, aunque ha asegurado que ello no repercutirá en la calidad de los servicios. La tercera economía mundial, tradicionalmente a la cabeza de los donantes internacionales, recortará además 50.000 millones de yenes (606 millones de dólares, 418 millones de euros) de los 572.000 millones de yenes (6.960 millones de dólares, 4.800 millones de euros) destinados a ayuda al desarrollo.
También revisará su plan de asistencia a las familias con hijos, que contaba con un presupuesto de 208.000 millones de yenes (unos 2.500 millones de dólares, 1.700 millones de euros). Pese a ello, el primer ministro dejó entrever que, para financiar la segunda etapa de la reconstrucción, la emisión de nueva deuda se perfile como algo inevitable, indicó la agencia local Kyodo.
A los daños por la catástrofe natural se suman los causados por la crisis nuclear en la central de Fukushima Daiichi, donde desde el 11 de marzo se trabaja sin descanso para controlar sus reactores.
En este sentido, Naoto Kan definió hoy como "totalmente alcanzable" el plan de la empresa operadora, TEPCO, para estabilizar la central, que establece un plazo de nueve meses para que los maltrechos reactores alcancen por fin el estado de "parada fría".
