El presidente de la CEIM, Miguel Garrido, insta al Gobierno a bajar los impuestos y adaptar el IRPF a la inflación de manera "rápida y contundente" en la actual situación de "emergencia social y empresarial" provocada por la guerra en Ucrania.
El Gobierno se ha comprometido a rebajar el precio de la luz, el gas y la gasolina el próximo 29 de marzo con la aprobación de un decreto ley que incluirá medidas para mitigar el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania, un plan que quiere consensuar con los partidos políticos y los agentes sociales.
"Si hay escasez de productos y una fuerte demanda de los mismos, evidentemente los precios suben porque es inevitable", reconoce el presidente de los empresarios madrileños.
En una entrevista con Efe, Garrido considera que la rebaja fiscal se debería adoptar "cuanto antes", tras varios meses de alta inflación porque, a su juicio, "esta es la medida más eficaz y con un impacto más rápido en los precios, que afectaría a todos los ciudadanos y las empresas".
La reducción de los impuestos tiene "una clara justificación cuando la Hacienda pública cuenta con unos ingresos sobrevenidos y dispone de margen para actuar sin que ello tenga repercusión en la financiación de los servicios públicos", según el representante de los empresarios madrileños, quien apunta que, en el caso de los hidrocarburos, a los impuestos directos que tiene la actividad se suma el recargo del IVA, que tiene un efecto muy alto.
Para Garrido, el Estado se tendría que plantear de manera "urgente" adaptar el IRPF a la inflación porque "es tremendamente injusto que ahora con los mismos ingresos que tenía hace un año la gente cuente con una menor capacidad de gasto, aunque tenga los mismos tipos impositivos".
"Si tu salario se adapta a la inflación, teniendo la misma capacidad de gasto, vas a tener que pagar bastantes más impuestos", señala.
La patronal y los sindicatos están inmersos en la negociación colectiva para determinar por dónde van a ir las subidas salariales que luego habrá que negociar en cada convenio, pero "con independencia de que esa discusión se alargue en el tiempo o no, el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de actuar ya", resalta.
"Seguir dilatando en el tiempo la toma de esas decisiones cuando la gente está sufriendo enormemente y pagando unas consecuencias muy altas por esta situación no me parece justificable. Tenemos que exigir a las Administraciones que actúen de manera urgente y contundente, como han hecho otros países", subraya.
El presidente de la CEIM estima que la Unión Europea tomará medidas y España se adaptará, pero "es una dejación de funciones por parte de la Administración no coger el toro por los cuernos cuando la gente lo necesita y lo está pasando mal".
