Los sindicatos CCOO y UGT plantearán a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme que los salarios en España suban este año al menos un 3,1%, y exigirán un salario mínimo en convenio de 1.000 euros brutos mensuales. Así lo explicaron en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a los responsables de Acción Sindical de CCOO, Mercedes González, y de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.
En concreto, los sindicatos ofrecen para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) un suelo salarial que sería del 1,6%, derivado de la previsión de inflación del Gobierno para 2018, más una subida del 1,5% determinado por la recuperación del poder adquisitivo. De esta manera, los salarios subirían, al menos, un 3,1%.
Además, CCOO y UGT quieren que la productividad se incorpore como elemento para determinar la subida salarial, pero siempre que se sitúe por encima de la inflación. Si no es así, actuará el porcentaje suelo del 1,6%. Si la productividad fuera superior al suelo, en esos casos el salario se elevaría por encima del 3,1%.
Proponen que, dado que para algunos ámbitos no existen datos de productividad, que sea el Gobierno quien remita periódicamente a las comisiones paritarias de los convenios la información fiscal y de Seguridad Social de la que dispone para cada ámbito de negociación. Mientras tanto, señalaron que se puede aproximar la evolución de la productividad con las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las centrales explicaron que su propuesta no recoge un dígito cerrado ni una franja salarial porque dependerá de la realidad de cada sector y empresa y de la evolución de la productividad.
Por otra parte, las centrales explicaron que quieren poner el foco en los salarios más bajos. En este sentido, exigirán un salario mínimo bruto en convenio de 1.000 euros mensuales.
Para aquellos convenios cuyos salarios más bajos ya sean superiores, cabe plantear también que el aumento salarial de cada año se articule en todo o en parte como una subida lineal para todos los trabajadores, lo que beneficiaría proporcionalmente más a los salarios más bajos, que son los que han perdido más poder de compra desde 2008.
Por parte de UGT, Álvarez consideró que esta es una propuesta "innovadora" para que la negociación colectiva sea un instrumento de reparto de la riqueza y para que "cuando terminemos 2018 estemos en un país en el que ha llegado el proceso de recuperación económica".
Asimismo, subrayó que la propuesta sindical es negociable, que "no es una propuesta de mínimos" y pidió "que nadie se asuste por el planteamiento salarial que estamos haciendo". Álvarez reconoció que aunque "no va a ser tan sencillo" que CEOE y Cepyme acepten esta oferta, aseguró que son "optimistas y vamos a esta negociación absolutamente convencidos de que nada es fácil pero todo es posible".
Unai Sordo calificó de "defendible" el planteamiento propuesto y consideró que el Gobierno no debería oponerse a trasladar los datos de productividad. Esta propuesta se presentará este jueves en la reunión que mantendrán los sindicatos y los empresarios para renovar el AENC a varios años. Además de la subida salarial, ambas partes están de acuerdo en que se aborden otros temas en la negociación.
CSIF CONVOCA A LOS FUNCIONARIOS PARA MANIFESTARSE EN FEBRERO EN MADRID CONTRA UNA SUBIDA SALARIAL ESCASA
Por su parte, el sindicato CSIF ha anunciado hoy la convocatoria de una manifestación en Madrid el 24 de febrero, cuyo recorrido terminará ante el Ministerio de Hacienda, para mostrar su "rechazo" a la oferta "muy escasa" de subida salarial hecha ayer por el ministro Cristóbal Montoro.
El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha anunciado esta convocatoria en la que esperan contar con el apoyo de los otros sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y de otros sectoriales para "defender" los servicios públicos, así como concentraciones el 31 de enero frente a las subdelegaciones de Gobierno y en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid.
Desde CSIF rechazan la oferta que Montoro reiteró en una reunión ayer que establece una subida fija del 5,25 % en tres años y que podría llegar al 8 % en caso de cumplirse los objetivos de déficit y consolidarse la recuperación económica.
Lo hacen ya que los funcionarios han perdido un 20% de poder adquisitivo desde que comenzó la crisis y esta subida, a causa de la inflación, no garantiza que no sigan perdiendo capacidad de gasto en los próximos años.
El plan de subida a tres años estaría incluido en los próximos presupuestos generales del Estado, aunque de no sacarlos adelante, la revalorización de los salarios de los funcionarios se aprobaría mediante real decreto ejercicio a ejercicio.
En la rueda de prensa han reclamado que en el plan de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén también incluidos los sueldos del resto de funcionarios.
Otra de las reclamaciones del sindicato es el aumento de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) ya que desde el pico de enero de 2010, con 241.152 empleados públicos, se han destruido 38.807 puestos de trabajo, hasta los 202.345 de la actualidad. "Hay provincias que no llegan a los 500 empleados públicos de la Administración central", ha denunciado Borra.
