Amnistía Internacional (AI) denuncia en su último informe el clima de violencia en Honduras, especialmente contra las mujeres, los migrantes, los desplazados internos y los defensores de los derechos humanos, así como la impunidad por la debilidad de su sistema de justicia.
En su Informe 2016 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado hoy en París, AI subraya la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el uso excesivo de la fuerza del Ejército en sus operaciones de seguridad pública.
Denuncia que la presencia de fuerzas militares en los territorios indígenas contribuyó a la agitación social y que más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos por sus vínculos con la delincuencia organizada.
La violencia obligó a huir a muchas personas, sobre todo a mujeres, niños, jóvenes y personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales), al tiempo que las bandas delictivas -las maras- hostigaban, agredían y extorsionaban a los que no se sometían a su autoridad.
Según AI, Honduras seguía siendo en 2016 uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los defensores de los derechos humanos, especialmente para los activistas del medio ambiente y la tierra, y del colectivo LGBTI.
En este sentido, cita el asesinato de Berta Cáceres, lideresa y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como de los defensores de los derechos humanos José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y de René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana en San Pedro Sula.
El informe señala que más del 90 % de todos los homicidios y abusos contra defensores de los derechos humanos quedaron impunes, según la ONG ACI-PARTICIPA.
Asimismo, varios pueblos indígenas aseguraban que sus derechos habían sido vulnerados en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios.
Entre enero y junio fueron asesinadas 227 mujeres, y se registraron 1.498 ataques y 1.375 incidentes de violencia sexual. Además, el aborto seguía penalizado en todas las circunstancias y la anticoncepción de emergencia seguía prohibida.
Respecto al sistema de justicia, varias organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el proceso de selección de 15 nuevos miembros de la Corte Suprema, por no cumplir las normas internacionales de imparcialidad, independencia y transparencia.
