La CE insta a los países a reaccionar y adoptar medidas excepcionales para hacer frente a la crisis de los refugiados tras fracasar en su intento de pactar el reparto de 120.000 personas, al tiempo que rechazó la idea de recortar fondos a los países que se oponen a cuotas equitativas.
"El invierno se está acercando y el mundo nos está mirando", recalcó el portavoz comunitario Margaritis Schinas en la rueda de prensa diaria, en la que aseguró que la Comisión Europea (CE) seguirá presionando a favor de "más rapidez y más ambición en la respuesta comunitaria a la crisis de los refugiados".
La CE agradeció que los ministros hayan aprobado el lunes formalmente la distribución de 40.000 refugiados llegados a Grecia e Italia, pero recalcó que la situación "ha empeorado desde mayo pasado" cuando Bruselas propuso ese reparto.
"Eso significa que los Estados miembros tienen que aumentar su ambición en línea con las propuestas más ambiciosas hechas la semana pasada" en el Parlamento Europeo por parte del presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, recalcó.
Lejos de pensar en retirar su propuesta para el reparto de los 120.000 refugiados llegados a Grecia, Hungría e Italia, ante la falta de acuerdo, Schinas aseguró que ésta "sigue sobre la mesa y seguiremos defendiéndola". Los ministros dejaron para el 8 de octubre, salvo que haya una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno extraordinaria, la decisión sobre el reparto, la cual podría ser tomada por mayoría cualificada.
La CE insistió no obstante en que seguirá trabajando en favor de un consenso. Europa está "tratando con vidas humanas, lo que requiere que todos los Estados miembros trabajen juntos", subrayó Schinas. Los países que bloquearon el acuerdo fueron la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Letonia y Rumanía, según fuentes comunitarias, porque rechazan el propio sistema de cuotas y el carácter obligatorio de la medida.
Ante esta situación, el titular alemán del Interior, Thomas de Maizière, consideró necesario comenzar a hablar de "medidas de presión" contra aquellos países que se niegan a un reparto equitativo de refugiados en la Unión Europea (UE) mediante un recorte de los fondos estructurales europeos. El portavoz comunitario explicó que la CE "no está a favor de castigos o sanciones", sino de "dar incentivos y no castigos".
Recordó que en su propuesta la CE incluye una medida que prevé que países queden excluidos durante un año del sistema de reparto por causas justificadas (como un desastre natural) que tendrá que evaluar Bruselas, a cambio de una contribución al presupuesto comunitario equivalente al 0,002 por ciento de su producto interior bruto (menos si la exención es parcial, por ejemplo, durante solo unos meses).
Por otra parte, para cada persona reubicada, el país miembro recibirá 6.000 euros. Pero para recortar fondos estructurales a los que se niegan a ser solidarios "no existe base legal", subrayó.
"Los acuerdos de asociación y programas operativos para el actual periodo presupuestario no dan la base legal para reducir fondos estructurales y de inversión. Introducir tal condicionalidad requeriría revisar todo el presupuesto plurianual (hasta 2020) y no es algo que estemos explorando", dijo Schinas.
