Los ministros de Interior de la UE fueron incapaces de dar un respaldo político unánime al reparto de 120.000 refugiados llegados a Hungría, Grecia e Italia que propuso la Comisión Europea (CE), por el rechazo de algunos socios al propio sistema de cuotas y al carácter obligatorio de la medida.
El ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, Europeos y de Inmigración y Asilo, Jean Asselborn, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre, explicó al término del encuentro que los Veintiocho no lograron acordar un texto de conclusiones sobre el reparto, por lo que solo hubo una declaración de la Presidencia.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, había anunciado antes del encuentro que si los Veintiocho no enviaban hoy una señal clara para atajar la crisis de refugiados convocaría una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para abordar la cuestión.
Sin embargo, cuando Asselborn fue preguntado al respecto consideró que pese a que hoy no se lograse un acuerdo unánime, sí hubo una mayoría de países que expresó su deseo de participar en el reparto, lo que consideró un paso en la buena dirección. Confió por ello en que los países logren un acuerdo por mayoría cualificada en el Consejo informal de Ministros de Interior y de Justicia del próximo 8 de octubre en Luxemburgo.
El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó por su parte que una serie de países que tenían problemas con el carácter obligatorio del mecanismo de reparto. Fuentes comunitarias indicaron que los países que bloquearon el acuerdo fueron la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Letonia y Rumanía, y apuntaron a que el anuncio por parte de Francia y Alemania de un acuerdo político antes del fin de la reunión no ayudó a conciliar las posiciones de los países.
"El mundo nos está mirando. Ha llegado el momento de asumir nuestras responsabilidades", insistió el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, visiblemente molesto por la falta de acuerdo. "Necesitaremos otra reunión. Así es como funciona Europa", añadió.
En la declaración de la Presidencia, no obstante, consta que "el Consejo ha acordado en principio la reubicación de 120.000 personas adicionales" y que "todos los Estados miembros confirman su disposición a participar". "Las cifras propuestas por la Comisión constituyen la base para un acuerdo sobre la distribución de esas personas dentro de la UE", añade el texto.
Eso sí, este compromiso general lleva como contrapartida una serie de afirmaciones sobre la necesidad "imperativa" de un control efectivo de las fronteras exteriores y la importancia de contar con políticas efectivas de repatriación de inmigrantes irregulares, en las que se debe reforzar el papel de Frontex. También de establecer campamentos de refugiados cercanos a los países de origen, por ejemplo, en Jordania, el Líbano o Turquía.
Precisamente el refuerzo de la colaboración con Turquía es otra de las cuestiones que se evoca en las conclusiones, una medida sobre todo dirigida a luchar de forma coordinada contra los traficantes. Turquía no figurará en la lista de países de origen seguros que elaborará la UE, esencialmente por la situación con los kurdos.
SÓLO ACUERDO SOBRE 40.000
La única decisión en firme fue la aprobación formal de los ministros sobre la distribución en dos años de 40.000 refugiados llegados a Grecia e Italia, una medida que entrará en vigor mañana y podrá aplicarse desde el miércoles.
Los compromisos voluntarios puestos sobre la mesa por los países hasta ahora solo suman un total de 32.256 refugiados, pero las delegaciones confían en llegar a un acuerdo para alcanzar los casi 8.000 que faltan en noviembre o diciembre. España ha adelantado hoy que por el momento no prevé aumentar su ofrecimiento de recibir a 1.300 refugiados, pese a que la CE le había solicitado 4.288.
El apoyo al reparto de 40.000 refugiados también tiene condiciones, como que Grecia a Italia se comprometan a registrar y tomar las huellas dactilares a todos los demandantes de asilo que lleguen a su territorio.
Asimismo, cuando se detecten inmigrantes irregulares y no existan acuerdos de devolución con el país de origen los países se comprometen a aplicar las medidas previstas en las normas europeas, incluidas las detenciones, para impedir que escapen a otros Estados miembros.
El mal resultado de la jornada de hoy, siguió al anuncio de países como Alemania y Austria sobre la reintroducción temporal de las fronteras interiores por cuestiones de seguridad ante la avalancha de demandantes, y a los comentarios de otros como Eslovaquia y Bélgica que no descartaron tomar también medidas si la situación se volvía insostenible.
