La Fiscalía mexicana aseguró que ha comprobado "científicamente" que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel Guerreros Unidos, versión que los padres continúan sin aceptar.
Cuatro meses y un día después de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las conclusiones del caso.
Pese a que solo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos. Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el Cepillo, el último capturado, quien dirigió supuestamente la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles.
El fiscal confirmó así que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos "ha quedado acreditado" de modo "contundente" que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.
Aunque "cerrar el caso no es la palabra adecuada", los elementos de la averiguación "son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron", dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes "que en otros muchos casos".
"Hay cuatro confesiones de autores materiales", "confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes" y, además, han sido identificados "plenamente" cuatro de los estudiantes.
Uno por un laboratorio de Austria que ha analizado algunos de los restos encontrados y los otros tres porque los asesinos los ubicaron en el lugar de los hechos, citando sus apodos, ya que fueron interrogados antes de matarlos al pensar que podían ser infiltrados del cártel rival de Los Rojos.
"En ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son parte de algún grupo delictivo", explicó el fiscal, quien añadió que "la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían deseos de ser maestros y de estudiar" y son "las víctimas más dolorosas de este proceso".
Murillo aseguró que los normalistas "fueron muertos en las circunstancias descritas" por los detenidos, unos por asfixia en la camioneta antes de llegar al basurero -entre 15 y 18- y los otros a tiros, cuyos casquillos fueron encontrados en el terreno.
Las pruebas periciales, aseguró el fiscal, han confirmado que los jóvenes fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados, gracias a la combustión de neumáticos y a la orografía del terreno, que alcanza los 40 metros de profundidad.
Esta perfecta combustión de más de 12 horas en un lugar que se asemejaba a un horno hizo que la mayoría de los restos que se encontraron en bolsas junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer material genético para su identificación.
LOS PADRES DICEN QUE FISCALÍA PRETENDE CERRAR CASO IGUALA SIN LLEGAR A LA VERDAD
Los padres de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa afirmaron que no hay pruebas científicas que confirmen que sus hijos fueron asesinados e incinerados como asegura la fiscalía mexicana, a la que acusan de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones.
"Repudiamos la forma en que el procurador (Jesús Murillo) pretende cerrar de manera descarada" la investigación de los hechos registrados el 26 de septiembre pasado en Iguala, "violentando" los acuerdos alcanzados con el presidente Enrique Peña Nieto, dijo el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, en rueda de prensa.
"No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos", apuntó, y añadió que los padres van a mantener su lucha "hasta que se nos demuestre de manera científica" lo ocurrido.
Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, mencionó varios argumentos por los que aún debe permanecer abierta la investigación del caso, que hasta ahora -dijo- "no es concluyente", y anunció que acudirán a instancias internacionales.
Dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en Ginebra, en el marco de la evaluación a México en la materia, y aseguró que en el caso ya se ve una "tendencia a la impunidad"."México tiene responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos y tendrá que ser revisado por organismos internacionales de derechos humanos", apuntó.
El letrado calificó, además, de "grave" que el fiscal presentara sus conclusiones sólo a "unos días" de la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que darán asistencia técnica en la investigación del caso.
