Italia condenada por el escándalo de los vertederos ilegales de Campania
Una región con casi 3 millones de habitantes convertida en un basurero controlado por organizaciones criminales, según el TEDH
Las tasas de cáncer en la zona "se han incrementado fuertemente", recuerda la justicia europea
Agentes del Seprona en uno de los vertederos españoles con residuos procedentes de Italia. |EUROPA PRESS
EFE
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Italia por su inacción ante el escándalo por los vertederos ilegales en la región de Campania (sur) y le impone una estrategia global que debe aplicarse en dos años para abordar y reparar los problemas generados, sobre todo de carácter sanitario.
Se trata de un dictamen esperado por la dimensión de este escándalo en el que ha estado implicada la mafia y el alcance que ha tenido para la población en general, en el que los jueces europeos recurren con carácter excepcional a un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) para obligar a un Estado a cumplir una sentencia.
Lo justifica "teniendo en cuenta el carácter persistente del problema y las deficiencias sistémicas que han caracterizado la respuesta del Estado, unido al gran número de personas a las que ha afectado y puede afectar y la urgente necesidad de ofrecerles una reparación rápida y adecuada".
Diferentes estudios que se han llevado a cabo han puesto en evidencia que esos residuos han causado una contaminación por dioxina en un área considerable
41 DENUNCIANTES
Como instrumento de presión para que se cumpla lo que exige de las autoridades italianas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha dado dos años para fijar una indemnización por daños morales a partir del momento en que su sentencia sea definitiva, una vez agotados los recursos.
Considera que en este caso, abierto por la denuncia de 41 personas que viven en Caserta y Nápoles, dos de las provincias de la región de Campania, el Estado no cumplió con su obligación de proteger la vida y la salud de los ciudadanos.
Se ha observado una fuerte concentración de metales pesados en algunos lugares, como los alrededores de Villa Literno, con problemas de "envenenamiento persistente" de los suelos
Las autoridades, subraya el TEDH, no pueden escudarse en que los efectos para la salud de un demandante concreto por la contaminación que han provocado esos vertederos son imprecisos para eludir ese deber de protección.
Les reprocha no haber puesto en marcha una estrategia global, sistemática y coordinada para hacer frente a la situación, cuando conocían el problema desde 1988, y no haber actuado con la diligencia requerida para investigar el impacto sanitario.
Entre las consecuencias para la salud, una de las más destacadas ha sido que las tasas de cáncer en la zona "se han incrementado fuertemente", recuerda el TEDH
SUELOS ENVENENADOS
La que ya se conoce como 'Terra dei Fuochi' (Tierra del Fuego) cubre 90 municipios en los que viven alrededor de 2,9 millones de personas y en los que durante muchos años aparecieron vertederos incontrolados en los que se depositaron de forma totalmente ilegal residuos urbanos e industriales llevados desde diferentes puntos de Italia.
Esos transportes y ese comercio estaba controlado por organizaciones criminales que obtenían así grandes beneficios.
Diferentes estudios que se han llevado a cabo (se han organizado siete comisiones de investigación) han puesto en evidencia que esos residuos han causado una contaminación por dioxina en un área considerable y se ha observado una fuerte concentración de metales pesados en algunos lugares, como los alrededores de Villa Literno, con problemas de "envenenamiento persistente" de los suelos.
"Las autoridades italianas no sólo no tomaron medidas para protegerlos de esos vertederos incontrolados, sino que tampoco les ofrecieron información"
Entre las consecuencias para la salud, una de las más destacadas ha sido que las tasas de cáncer en la zona "se han incrementado fuertemente", recuerda el TEDH.
Los demandantes, que llevaron el caso ante el Tribunal de Estrasburgo entre 2014 y 2015, se quejaban de que a pesar de que estaban al corriente, las autoridades italianas no sólo no tomaron medidas para protegerlos de esos vertederos incontrolados, sino que tampoco les ofrecieron información, de forma que violaron el artículo 2 del CEDH sobre el derecho a la vida.