El Gobierno tecnócrata italiano, que preside Mario Monti, aprobó hoy una reducción en la estructura de su sistema judicial que acompaña a los recortes en el gasto público por valor de unos 26.000 millones de euros para el periodo 2012-2014 que anunció esta madrugada.
El Consejo de Ministros retomó esta mañana la reunión suspendida anoche a la 01.30 hora local (23.30 GMT de ayer), tras la que anunció la aprobación del paquete de medidas de la segunda fase de la llamada "revisión del gasto", con la que se evitará la subida del IVA del 21 al 23 % prevista para este octubre.
En la reanudación de la reunión del Gobierno italiano, presidido esta vez por el subsecretario de Estado de la Presidencia, Antonio Catricalà, se aprobó un decreto para la revisión de las circunscripciones judiciales que da actuación a una propuesta lanzada el año pasado por el Gobierno de Silvio Berlusconi.
El decreto aprobado ahora prevé la reducción o la fusión de 37 tribunales y 38 fiscalías de menor entidad, así como la supresión de todas las 220 "secciones de destacamento" de los tribunales y la redistribución del personal administrativo y los magistrados que hasta ahora trabajaban en esos puestos.
Además, se suprimirán 674 sedes de oficinas de jueces de paz, todo dentro de un decreto que pretende ahorrar 2,89 millones de euros este año; 17,33 millones de euros en 2013, y 31,36 millones de euros en 2014.
En un comunicado, el Ejecutivo asegura que los costes de esta operación de racionalización, que pretende además mejorar la efectividad del sistema judicial, serán de una entidad muy inferior a las ventajas y el ahorro que se obtendrá durante las próximas décadas.
"Se ha hablado de esta medida como vinculada a la revisión del gasto. No es así, sobre todo por un criterio cronológico, porque deriva de una proposición heredada del anterior Gobierno y que se remonta a 2011 cuando este Ejecutivo aún no había llegado al poder", explicó la ministra de Justicia, Paola Severino, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Este decreto, que permitirá ahorrar los costes de unos 1.000 edificios públicos, llega después de que esta madrugada, tras una maratoniana reunión, el Ejecutivo de Monti aprobara nuevos recortes, sobre todo en el ámbito de la Sanidad y la Educación, pero también en el personal de la Administración Pública, donde se reducirá un 20 % el número de cargos directivos y un 10 % el resto de niveles.
La norma para la "revisión del gasto" prevé además intervenir sobre las provincias, para reducir a la mitad su número actual, que es de 110, a través de fusiones de estos entes, así como reducir de los gastos vinculado a la compra de bienes y servicios, sobre todo farmacéuticos, en el ámbito de la Sanidad.
Los ajustes aprobados esta madrugada recogen además la recomendación a las regiones para que reorganicen su red hospitalaria, con una reducción de unas 20.000 camas, aunque finalmente quedó excluido del texto el cierre de los pequeños hospitales con menos de 120 camas que contemplaba un primer borrador difundido por los medios.
Estos últimos recortes, efectuados también para hacer frente a las decenas de miles de trabajadores que han quedado en un "limbo laboral" tras la reforma de las pensiones del pasado diciembre, han despertado las suspicacias de los sindicatos, que, antes de conocer el contenido de los mismos, amenazaron con una huelga general.
Este mismo viernes, el líder de la principal formación de centroizquierda, el Partido Demócrata (PD), Pierluigi Bersani, lanzó una advertencia sobre las medidas en materia de Sanidad, para no dar un "mazazo" al Servicio Sanitario Nacional, aunque reconoció que hay cosas de esta reforma que les gustan, como la reordenación de la división territorial.
EL CONSTITUCIONAL LUSO CONSIDERA DISCRIMINATORIOS LOS RECORTES
El Tribunal Constitucional luso considera discriminatorios los recortes salariales aplicados en Portugal a los funcionarios públicos y pensionistas y no al sector privado, pero no impedirá que la medida se aplique este año.
El dictamen, divulgado hoy, obligará al Gobierno portugués a adoptar nuevas medidas de austeridad o extender los recortes a la empresa privada para cumplir en 2013 la reducción del déficit fiscal comprometida en el rescate financiero que obtuvo el año pasado.
El Gobierno conservador portugués suspendió desde 2012, y en principio hasta 2015, las pagas extras de verano y navidad a los funcionarios públicos y los pensionistas.
La medida, una de las adoptadas para reducir el gasto público, fue muy contestada desde la oposición de izquierdas y los sindicatos, que hoy pidieron de inmediato que los recortes se anulen y no se extiendan al sector privado.
Desde el Gobierno, el primer ministro portugués, en un breve comentario a medios lusos, consideró que los presupuestos del Estado para 2013 deberán incluir medidas de ahorro "equivalentes" a la cuestionada por el Tribunal y aplicables a todos los ciudadanos y no solo a los funcionarios.
Según medios estatales, la decisión del Constitucional, que obligará a cambiar las medidas anticrisis del Gobierno, fue respaldada por una amplia mayoría de nueve de sus doce magistrados.
El Tribunal argumenta en su dictamen que el "principio de igualdad" debe aplicarse a todos los ciudadanos a la hora de ayudar a sustentar las cuentas públicas.
Pero los cortes salariales a los funcionarios suponen, de acuerdo con el Constitucional, "la imposición de un sacrificio adicional que no tiene equivalente para el resto de ciudadanos".
La suspensión de las dos pagas extraordinarias anuales en el sector público y el sistema nacional de pensiones aplicada a partir de los 600 euros de retribución, varía según el importe de la remuneración y puede llegar hasta el cien por cien, en función de los ingresos del beneficiario.
La medida, que supone unas ahorros para el Estado de cerca de 2.000 millones de euros, fue calificada como "temporal" por el Gobierno luso, que manifestó su confianza de eliminarla de forma gradual a partir de año 2015, aunque sin comprometer una fecha concreta para la recuperación completa de ambas pagas.
Esa reducción salarial, junto a medidas laborales generales para todos los trabajadores como la reducción de días festivos y de vacaciones, fueron parte de los varios paquetes de austeridad aprobados por el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho para reducir el déficit fiscal desde que llegó al poder en junio de 2011.
El Constitucional decidió que su resolución no se aplique este año porque el ejercicio financiero de 2012 se encuentra "en un estado avanzado" y se pondrían en riesgo los objetivos presupuestarios.
Portugal puede tener dificultades para cumplir este año su objetivo de dejar el déficit fiscal en el 4,5 % por la reducción, menor de lo esperada este año, del desequilibrio entre gastos e ingresos del sector público.
La fuerte caída del consumo en el país ha derivado en un descenso cercano al 3 % de los ingresos recaudados por el Estado vía impuestos durante los cinco primeros meses del año.
La decisión del Constitucional se ha producido a raíz de una petición presentada el pasado 19 de enero por 25 diputados lusos, 17 pertenecientes al Partido Socialista y el resto al marxista Bloque de Izquierda.
Desde los sindicatos portugueses y la otra gran fuerza de la izquierda parlamentaria, el Partido Comunista, se cuestionó hoy que la decisión del Tribunal no haya invalidado este mismo año los recortes si los considera inconstitucionales.
