El complejo de AZCA contará en los primeros meses de 2015 con un sistema de vídeovigilancia específico de Policía Municipal formado por 55 nuevas cámaras, después de que la Delegación del Gobierno en Madrid haya informado favorablemente a la solicitud formulada por el Ayuntamiento.
Según ha informado el portavoz del Ayuntamiento, Enrique Núñez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno de la ciudad, el sistema va a cubrir el entorno delimitado por las calles Orense, General Perón, paseo de la Castellana y Raimundo Fernández- Villaverde y cumplirá "rigurosamente" la normativa vigente en cuanto a las garantía de privacidad e intimidad de las personas.
Núñez ha indicado que con estas cámaras se pretende que el complejo de AZCA, radicado en el corazón financiero de Madrid y que alberga también zonas de ocio, cuente con todos los sistemas tecnológicos de los que dispone el Ayuntamiento que permitan aumentar la eficacia preventiva de la actuación policial.
Así, y bajo los principios de proporcionalidad y adecuación a los objetivos propuestos, con protección absoluta de los derechos fundamentales a la inviolabilidad de domicilio y al secreto de las comunicaciones, ha afirmado, se pretende obtener en esta zona una vigilancia óptima mediante 55 cámaras -IP móviles PTZ, fijas y/o panorámicas dotadas de carcasas antivandálicas-.
Núñez ha manifestado que las cámaras de videovigilancia multiplican la efectividad policial al permitir a un número más reducido de policías tener un campo de vigilancia mucho más amplio.
Además, otorgan la posibilidad de remitir lo grabado, cuando proceda, a la autoridad judicial o administrativa con el fin de contribuir a la depuración de las posibles responsabilidades penales.
PROTECCIÓN Y EFECTO DISUASIVO
El sistema, ha señalado, no solo contribuye a una protección y seguridad efectivas, sino que tiene también un marcado carácter disuasorio, supondrá un impacto mínimo sobre el entorno y cumplirá rigurosamente la normativa vigente en cuanto a las garantías de la privacidad e intimidad de las personas.
La videovigilancia de AZCA se integrará en el Sistema de Centralización de Vídeo del Ayuntamiento (Cisevi) y será gestionado por la Policía Municipal.
Tendrá dos puntos de control, uno en el Centro de Control de Alumbrado de AZCA y otro centralizado en la sede de la calle Albarracín 31.
El acceso a los archivos que contienen las grabaciones, la supervisión del adecuado uso de las videocámaras y la explotación del sistema de videovigilancia correrá a cargo de policías municipales debidamente formados, que serán los únicos que puedan acceder al visionado de las imágenes en tiempo real.
CENTRO INTEGRADO DE SEÑALES DE VIDEO
Para ello, la Policía Municipal de Madrid cuenta con el Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI) que gestiona de forma centralizada las 411 cámaras ubicadas en los edificios de Policía Municipal del Área de Seguridad y Emergencias, las 1.100 cámaras instaladas en el resto de edificios municipales (Palacio de Cibeles y Juntas de Distrito), así como las 117 ubicadas en la vía pública.
La Policía Municipal tendrá acceso a las 200 cámaras del Centro de Gestión de la Movilidad y la DGT, a las 127 ubicadas en vehículos patrulleros y centro de mando móvil, y a las 975 de los túneles de Calle 30.
Próximamente se integrarán en la plataforma las 8.000 cámaras con las que cuenta la EMT y se instalarán 102 cámaras adicionales en vía pública, hasta superar en toda la ciudad la cifra de 11.000 cámaras.
El Cisevi dispone, asimismo, de sistemas de retroproyección de imágenes que pueden ser visionadas en los distintos interfaces disponibles, consolas de operación, Video Wall o terminales móviles, a petición del operativo policial.
El responsable municipal de Seguridad ha subrayado que esta propuesta se enmarca en la competencia del Ayuntamiento de Madrid para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como el deber de garantizarla en lo referente a aquellos actos que ocasionen molestia social o daños sobre bienes o personas en la vía pública.
La Ley Orgánica de 1997 que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos permite autorizar la instalación de cámaras y videocámaras con la finalidad de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de vías o espacios públicos y la prevención de la comisión de delitos, faltas e infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana.
Una competencia, ha recordado, que esa ley atribuye al delegado del Gobierno en Madrid, previo informe de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, ya obtenido también en este caso.
