Algunos letrados de los acusados en la operación Sana, que destapó una supuesta red de prostitución de menores en Madrid, insistirán a la jueza en que faltan los informes periciales psicológicos de las víctimas, y que sin esa valoración oficial el futuro juicio podría declararse nulo.
Fuentes jurídicas han explicado a EFE que al menos dos de las defensas incidirán en esa circunstancia en sus escritos previos al juicio, para el que todavía no hay fecha después de que la magistrada que lleva la causa procesara el pasado verano a 25 personas por delitos como agresión sexual, prostitución de menor o tráfico de drogas.
El pasado mes de agosto la jueza comunicó formalmente a todos los acusados su procesamiento antes de enviar el caso a juicio, y se dirigió a las acusaciones -Fiscalía y la Comunidad de Madrid- para saber si querían proponer alguna diligencia más.
Algunas defensas solicitaron que las menores que supuestamente sufrieron delitos sexuales se sometieran a un examen pericial para valorar su estado mental, ya que en la causa hay informes psicológicos pero no pruebas periciales oficiales. Pero la jueza contestó que el psicólogo del juzgado valoró que no era necesario exponer a otra prueba a las menores.
Para al menos dos de las acusaciones la falta de esta valoración pericial podría llevar a declarar nulo el juicio, ya que, según sentenció el Tribunal Supremo, esa prueba es necesaria para determinar la credibilidad de los testimonios. Y por eso volverán a pedirlo en su escrito de defensa de cara al futuro juicio.
Operación Sana
La Policía culminó la operación Sana en enero de 2022 con más de 30 detenidos, de los que ocho ingresaron en prisión. Los agentes liberaron a diez jóvenes, cinco de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid.
Según el relato que la magistrada plasmó en su auto de procesamiento, los acusados captaron a dos niñas de 13 años, les dieron droga y, una vez enganchadas, las obligaron a mantener relaciones sexuales con hombres, que sabían que eran menores. Una de ellas estuvo encerrada tres días, hasta que logró escapar y denunció los hechos.
Entre los 25 procesados están Sandy Antonio C.C., apodado "El Chuky", miembro de los Dominican Don´t Play y que fue arrestado en 2022 por el crimen de un joven de 25 años en el barrio madrileño de Usera; y Ronaldo Antonio M.C., alias "El Kalifa", uno de los presuntos cabecillas de la red.