Anticorrupción pide siete años de prisión para dos exconsejeros de Gallardón por el 'caso Lezo'

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 7 años de cárcel para los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón Juan Bravo y Pedro Calvo por malversación, acusados por la compra en 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II con un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros.

Son dos de los 22 investigados por este 'caso Lezo’, entre los que se encuentran el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal, Arturo Canalda. Para todos ellos, la Fiscalía solicita penas de entre seis y siete años de prisión.

Un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros

Según explica Anticorrupción, la compra del 75% de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros "con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores".

Sin embargo, la Fiscalía solo cree responsables de malversación a Bravo (exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif) y Calvo (expresidente del Canal y exconsejero), puesto que habían estado presentes en las reuniones previas de la empresa pública en las que se expuso la operación.

"Emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma"

"A diferencia del resto de los consejeros emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma", detalla la Fiscalía, mientras Anticorrupción explica que la compra se realizó mediante una "sociedad vehículo", Canal Extensia, y "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta".

Eso es porque en la operación "lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 % de Inassa", y se hizo con "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio" que se pagó.

Considera la Fiscalía que esta sociedad SAA, fue luego comprada por el Canal con el sobreprecio explicado, con lo que se obtuvieron "cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales".

Indemnización al Canal con 19.066.500 euros

Por parte del Canal, la Fiscalía considera responsables del desvío a sus exdirectivos Cachavera y a López de las Heras, que actuaron "con el beneplácito" de Canalda como gerente del Canal, "quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo, facilitó su tramitación".

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen al Canal con la cantidad supuestamente malversada, 19.066.500 euros, que podría variar cuando se celebre el juicio en la Audiencia Nacional y la Fiscalía exponga sus conclusiones.