El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha archivado la denuncia por un presunto desfase de 3,8 millones de euros detectado en las obras del pabellón Andrés Torrejón a raíz de una auditoría encargada en 2018 por el Gobierno municipal, formado entonces por PSOE y Ganar Móstoles.
En el auto, la jueza afirma que el documento en el que se apoya y fundamenta la denuncia, consistente en una auditoría realizada por CPV, "carece de valor", al no haber tenido en cuenta las modificaciones que se introdujeron al proyecto inicial acordado por el Instituto Municipal del Suelo (IMS) y la empresa constructora.
El Juzgado abrió diligencias en julio de 2018 tras una denuncia presentada por el partido UCIN, quien, tras tener conocimiento de la auditoría encargada por el Gobierno municipal, llevó al juzgado de guardia el caso por unos presuntos delitos de administración desleal del patrimonio público y de falsedad documental.
Esta denuncia fue presentada apenas cinco días después de que el Ayuntamiento de Móstoles hiciera público el contenido de una auditoría externa encargada para comprobar si las obras certificadas por el Consistorio, gobernado entonces por el PP, en el Pabellón Andrés Torrejón se correspondían con lo realmente ejecutado.
Según dicha auditoría técnica-económica, encargada en marzo de 2018 por el IMS a la compañía CPV, hasta mayo de 2015, momento en el que se paralizaron las obras, se pagaron 20,3 millones, pero, según los auditores, la obra ejecutada "solo asciende a 16 millones", habiendo un desfase de "unos 3,8 millones".
Sin embargo, la juez rechaza la auditoría ya que asegura que "queda acreditado" que durante el proceso de licitación y antes de la firma del contrato, el IMS aceptó la propuesta de Ortiz en el que se acordaron una serie de modificaciones, lo que provocó que "los arquitectos redactores del proyecto tuvieran que modificar sustancialmente el mismo".
"No ha quedado acreditado que las certificaciones no se ajustaran a la obra ejecutada y a lo previsto en el contrato", añade la jueza, quien reitera que la auditoría realizada por CPV, "carece de valor a efectos del delito investigado al no haber tenido en consideración todas las modificaciones antes referidas".
Además, el auto señala que los propios técnicos que intervinieron en la Auditoría así lo confirmaron en su declaración judicial, declarando que "comprobaron la realidad física de las obras conforme al proyecto inicial, sin tener en consideración los cambios realizados en el mismo".
