El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha archivado la causa abierta contra el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, tras la querella presentada contra él por el exalcalde de la localidad, investigado en la trama Gürtel, Arturo González Panero, que le acusa de prevaricar a la hora de contratar un despacho de abogados para personarse el Ayuntamiento en esta trama.
En concreto, el exalcalde le denunció por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, pero la magistrada de este juzgado ha acordado en un auto fechado a 19 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el sobreseimiento de la misma por "carecer de competencia para la instrucción por corresponder en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Y es que el juzgado ha recibido la certificación del Tribunal Supremo por la que se acredita que González Terol ostenta la condición de diputado en el Congreso de los Diputados en la presente legislatura y por tanto, al ser aforado, él único órgano competente para la instrucción de la causa es el Tribunal Supremo.
También hace referencia a las alegaciones presentadas por el alcalde, que habló de "atipicidad de los hechos y falta de legitimación" por parte del querellante. "Lo más llamativo es cómo el querellante pone el foco de una querella por prevaricación sobre una persona, de quien no afirma haber dictado resolución arbitraria alguna y a quien no achaca comportamiento activo de ningún tipo", alegó.
Esto, en su opinión, "evidencia el resentimiento patológico que ha llevado al querellante a accionar penalmente contra y no la existencia de motivaciones legítimas", expuso, insistiendo en que los hechos carecen manifiestamente de relevancia penal".
"Esta querella es de esas querellas catalanas que obedecen a fines espurios o de venganza. Y la mejor prueba, es que cinco días después de conocerla hemos conocido una segunda tan absurda o mas que la primera", añade, para tildar a González Terol como el "archienemigo" de González Panero y destacar su "campaña de desprestigio".
Ante estas alegaciones presentadas el pasado 13 de diciembre, donde el alcalde pedía el sobreseimiento del procedimiento, la magistrada recuerda que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, "el aforamiento resulta de obligada aplicación siempre que concurra el presupuesto de hecho que lo activa".
Esto es, "su ámbito material se ciñe a la jurisdicción penal, su ámbito temporal opera hasta que el investigado ostenta la condición cuya función se protege y no cabe renuncia al fuero, a salvo de que se renuncie al cargo al que se anuda dicho privilegio procesal". El auto no es firme y cabe interponer recurso de reforma y apelación.
LA CAUSA
En declaraciones a Europa Press, el exalcalde Arturo González Panero justificó la presentación de la querella en "lo sangrante de la situación". "Todos los ayuntamientos e incluso la Comunidad de Madrid, cuando se han personado, lo hacen con letrados del propio ayuntamiento o de la Comunidad. No contratan a nadie externo", dijo.
Según el que fuera alcalde de la localidad, al procedimiento se presentaron tres empresas, una de ellas "no presentó los papeles", la otra "consiguió cero puntos" y que la que fue adjudicataria "resulta que son los mismos abogados" del exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
Desde el Ayuntamiento insistieron en que la contratación se realizó "conforme a la ley" y "avalada" por informes técnicos y jurídicos de los trabajadores municipales, y "siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público".
Fuentes municipales aclararon que al procedimiento se presentaron cinco empresas y en que los criterios de adjudicación de este servicio, que se iba a dedicar a la personación del Consistorio en el caso G~rtel, se valoró el precio en un 60 por ciento y el 40 por ciento restante tenía que ver con "estudiar la memoria jurídica, se realizó por parte del funcionario competente, el letrado consistorial, no por el alcalde, que nunca participa en las mesas de contratación".
"La externalización de servicios es algo habitual y que la defensa jurídica del Consistorio en la trama G~rtel a través de un despacho de abogados se produjo tras informe del letrado consistorial en el que se indicaba la idoneidad de contratar un bufete experto dada la complejidad del caso y la sobrecarga de asuntos que tenía la unidad jurídica del Ayuntamiento", indicaron.
Desde el Gobierno local justifican la externalización del servicio en que el caso G~rtel, al ser el "segundo proceso más largo de la historia judicial española", y contar con "más de dos millones de páginas", además de ser un caso que ya contiene más de 2.000.000 páginas, "lo que habría obstruido el servicio jurídico municipal, que en 2013 solo tenía una persona en plantilla".
